Si bien es cierto que los partidos políticos constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema democrático, cuando se habla de gobernabilidad no se puede exigir aquello que no se está dispuesto a ofrecer.

No resulta descabellada la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % los fondos destinados a los partidos políticos como parte de las medidas para enfrentar el impacto de la crisis global. Mucho menos puede interpretarse como un intento de debilitar a la oposición, cuando precisamente han sido sectores opositores quienes han reclamado sacrificios económicos y mayor austeridad para preservar la estabilidad social frente a los fuertes vientos que provoca el escenario internacional.

Si partimos de los hechos, el Gobierno ha acogido gran parte de esos reclamos. Basta observar el peso de los subsidios a los combustibles —especialmente al GLP, vital para millones de hogares y sectores productivos—, así como la reducción del gasto en publicidad, las limitaciones en compras, viáticos, servicios y hasta restricciones en la operatividad institucional. Son señales claras de un ajuste orientado a redistribuir el peso de la crisis. A esto también se suman los más de RD$1,061 millones destinados al subsidio de los fertilizantes para seguir garantizando la seguridad alimentaria.

Sin embargo, cuando ese mismo criterio toca directamente a los partidos políticos, emerge una resistencia inmediata. Los colores partidarios parecen haber sido sus tituidos por intereses económicos, dejando al desnudo una realidad incómoda: según la resolución de la Junta Central Electoral (JCE), los 41 partidos reconocidos en el sistema costarán al Estado más de RD$1,620 millones en 2026, unos RD$120 millones más que el año anterior.

Más allá de los reclamos del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), que acudió ante el pleno de la JCE para exigir el respeto íntegro de la partida presupuestaria, la realidad es simple: en tiempos de crisis, si verdaderamente se apuesta a la estabilidad nacional, la carga debe repartirse entre todos.

El argumento de calificar la medida como “superficial” expone una contradicción difícil de sostener: ¿Puede una oposición exigir eficiencia, transparencia y austeridad… pero rechazarlas cuando impactan sus propios ingresos?

Elvis Lima
Limafueraderecord@gmail.com