Reducido desde un principio a una comedia macabra, el escándalo por los 92 millones de dólares que el consorcio Odebrecht reconoció que pagó en sobornos aquí para la construcción de obras, no podía tener un final más siniestro que el del bochorno.

Si algo de luz hubo en el proceso no fue más que la lección del Tribunal Constitucional al Ministerio de Público al aclararle que no le compete la revisión de decisiones jurisdiccionales porque no es una instancia para reexaminar hechos ni para valorar pruebas.

Esto, en vista de que la Procuraduría General de la República había recurrido ante la corte la sentencia que descargó por insuficiencia de pruebas al empresario Ángel Rondón, al exiministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al abogado Conrado Pittaluga.

El espectáculo se evidenció desde que el procurador Jean Alain Rodríguez anunció los nombres de los procesados.

El equipo multidiciplinario de más de 50 técnicos que dijo que en más de un año dedicó más de 130 mil horas de trabajo para examinar los hallazgos no se tomó las molestias, ni siquiera para guardar las apariencias, en solicitar que se interrogara al entonces presidente Danilo Medina y a los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, en cuyas gestiones se efectuaron los pagos ilícitos.

En el largo tiempo el equipo no pudo dar con los casi 10 millones que Odebrecht reconoció que había distribuido para las elecciones de 2006 y los casi 40 para las plantas de Punta Catalina. La bufonada se confirmó con los imputados, de los cuales la gran mayoría pertenecía al PRD, aunque durante el paso de ese partido por el poder solo se iniciaron tres de las 17 obras construidas por la compañía.

A los imputados los salvó el cambio de Gobierno. No así a Rondón, quien fue condenado a ocho años de prisión por sobornador, aunque no se identificó a los sobornados; Díaz Rúa, sentenciado a cinco años por enriquecimiento ilícito, que no fue de lo que lo acusaron, y Pittaluga a tres por brindar servicios profesionales al consorcio. La vergonzosa decisión, que puso sobre el tapete la realidad de nuestros tribunales, fue anulada por las instancias superiores a las que se recurrió.

El resultado: una victoria para la impunidad en el más grande escándalo de corrupción registrado en el país. De Odebrecht no se sabe si cumplió con la identificación de los sobornados, como se comprometió. Si lo hizo, el detalle se omitió porque en el expediente no estaba ese dato.

En tanto el escándalo de los sobornos ha colapsado, la ciudadanía tendrá que cargar con el sobrecosto a las obras, de alrededor de un 20 %, equivalente a los pagos ilícitos que el Ministerio Público no pudo documentar, no obstante la confesión de la compañía brasileña.