Comentario puntual

El “todologismo” vernáculo lleva a opinar, dar porcentajes, y hasta juzgar en temas que requieren de cierta profundidad y cientificismo. Cuando se trata de la violencia basada en el género contra las mujeres, hay que cuidar lo que se dice, en un país donde 200 mujeres por año, mueren violentamente por ser mujeres, y la mitad de ellas, ejecutadas por su pareja o expareja.

El jueves de la semana pasada, el comunicador y diputado del PLD, José Laluz, escribió en su cuenta de twitter que, “es un error de las terapias tradicionales alejar la víctima del agresor en los casos de violencia intrafamiliar, por lo que deben juntarlos bajo control “incluso en contra de su voluntad” hasta conseguir que la saturación disipe la tensión acumulada”.

Un juicio que puede hacer mucho daño de ser aplicado. En nuestro país, la violencia basada en el género contra la mujer, se trabaja de manera seria, desde mediados de la década de los 80, por personas que han estudiado e investigado, tanto aquí como en otras latitudes, y con un enfoque permanentemente revisado con la comunidad científica internacional.

A pesar de reconocer los esfuerzos del diputado, presidente de la Fundación Liderazgo Responsable, que en 2015 entregaba el premio por un concurso sobre Aplicación de Alerta para casos de violencia contra las mujeres, al equipo que presentó el proyecto Botón Rojo, premiado con RD$ 200,000.00, no podemos dejar de hacer esta nota.

Para 2016, el legislador amplió su propuesta a un programa de Seguridad Perimetral, a partir del cual se subsanaría la disfuncionalidad del sistema de seguridad actual, que, a su decir, no es el problema de un jefe de la Policía o de un Director de Amet, sino de la falta de funcionamiento referida.

La propuesta del legislador, entonces, es de aplicar las tecnologías nuevas de la comunicación, TICs, a la prevención de los crímenes de la violencia basada en el género contra las mujeres, una preocupación más que válida aplicada en el mundo desde hace años, incluso con estudios probados de éxito.

Sin embargo, pese a que el uso de sistemas de posicionamiento global, o GPS, aplicados a vigilar delincuentes, está aprobado por la ley procesal penal, (Art. 226, 5), se precisa de un consenso amplio que permita aplicar estas tecnologías a la prevención de los crímenes contra las mujeres, con Ministerio de la Mujer, Procuraduría y Policía Nacional, como sus auxiliares, Poder Judicial, y también la sociedad civil organizada.

Un programa tal debe ser accesible, en términos de costo y sobre todo, muy bien entendido por el pueblo.