Las cuantiosas devoluciones de dinero en efectivo y bienes de que se ha dado cuenta en el caso Calamar llama más la atención sobre la supuesta estafa al Estado por más de 41 mil millones de pesos a través del entramado de corrupción.

Sólo los empresarios Ramón Emilio Jiménez Collie y Fernando Crisóstomo, así como el abogado Ángel Lockward, tres de los imputados en el expediente, han reintegrado al Estado alrededor de 2,200 millones de pesos a través de acuerdos. Crisóstomo, 1,101,770,078,50.00; Jiménez, 715 millones, y Lockward, 220.

Por supuesto que se tendrá que demostrar que los recursos derivan de la supuesta trama corrupta en la que se involucra a los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Gonzalo Castillo, de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD en 2020.

Es difícil de imaginar, aunque nada se pueda descartar, que la alegada estructura de corrupción, en la que se involucra formalmente a 34 personas y 13 empresas, operaba con la impunidad que ha salido a relucir por medio de acuerdos con el Ministerio Público.

Además de Jiménez Collie, Crisóstomo y Lockward, la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) solicitó criterio de oportunidad para Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Grupo Dibefe, entre otros. Pero la última palabra la tendrán los tribunales.