Conflictiva

El alboroto sobre el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para 2012 no ha terminado con su aprobación mecánica por la Cámara de Diputados, sin tomarse en cuenta la demanda de un 4% para educación y otras exigencias formuladas por diferentes entidades.

La denuncia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de que la pieza contiene aspectos que facultan al Poder Ejecutivo variarla a discreción, en violación de la Constitución, torna más intrincada la discusión alrededor del polémico instrumento financiero.

Por la prisa con que fue aprobado, el Senado, que lo hizo al vapor, y la Cámara de Diputados, que apenas guardó las apariencias y se amparó en la mayoría oficialista, el Congreso no se interesó en violaciones como las citadas por el Conep en cuanto a las apropiaciones de recursos.

En contra del artículo 35 de la Ley Orgánica de Presupuesto, la entidad señala que el proyecto por 430 mil millones de pesos aprobado por las cámaras legislativas faculta al Poder Ejecutivo establecer mediante decreto y en forma discrecional las partidas que considere a las instituciones.

El asunto no está sólo en que a educación de un 4% que establece la ley se le haya otorgado un 2.7; al Poder Judicial, de un 2.6, se le haya concedido un 0.84; a los ayuntamientos, de un 10, se la aprobara un 4.2, y que reclamos como el 5% de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no se tomaran en cuenta.

El conflicto jurídico se plantea ahora por el hecho de que los legisladores oficialistas y sus aliados se hayan prestado, de acuerdo con el Conep, a violar la Constitución con la aprobación de una pieza que permite al Ejecutivo alterarla sin el consentimiento del propio Congreso.

Si bien en la práctica las cámaras legislativas han devenido en cajas de resonancia del Ejecutivo, se impone recordar, a propósito de la denuncia del Conep, que el artículo 4 de la Constitución de la República establece que las funciones de los poderes públicos son indelegables.

Pero, como si la suerte estuviera echada, los congresistas no sólo rehusaron cumplir las leyes y tomar en cuenta demandas como la de la UASD, sino que desoyeron advertencias de que se incurriría en un retroceso en términos de transparencia si aprobaban el Presupuesto sin cumplir con los procedimientos legales.

Puede entonces que la polémica y espinosa fase en que ha entrado el Presupuesto se convierta en una lección para ser aprendida.