Que las leyes no prohíban que fiscales se beneficien de muebles e inmuebles incautados, por demás en litis, no deja de plantear un conflicto de interés. El caso de la torre Cristal, en Naco, es un buen ejemplo si es como ha denunciado el abogado Jorge Lora Castillo.

Dos asociaciones de fiscales han defendido que procuradores ocupen propiedades incautadas bajo el alegato de que las leyes no lo prohíben. Justifican también las ocupaciones sobre la base de que los muebles e inmuebles son asignados para evitar que se deterioren. Pero resulta y viene a ser que entre las razones que cita Lora Castillo para que se llegue a un arreglo en torno a la torre está la supuesta renuencia del Ministerio Público por el caso de las ocupaciones.

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Antes de defender las controversiales ocupaciones las asociaciones de fiscales han debido empaparse mejor del problema para evitar justificar un supuesto conflicto de interés.

Al menos en el pasado era moneda corriente que autoridades civiles o militares ocuparan y se apropiaran de bienes incautados sin ninguna consecuencia. Es pertinente que la denuncia de Lora Castillo se aclare y se tomen las medidas de lugar.