El anuncio del presidente Leonel Fernández, de que su Gobierno impulsará un pacto para promover la educación de calidad, ofrece una excelente oportunidad para poder reencauzar el reclamo de que se consigne en el Presupuesto Nacional un cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo.

Para su cabal cumplimiento la iniciativa presidencial requiere del financiamiento que prevé el referido porcentaje del PIB, pero quienes impulsan el cumplimiento de esa ley deberían entender que también se necesita impulsar algún proyecto que garantice calidad en la inversión en la educación.

Así las cosas, el extendido reclamo del 4% del PIB para la educación no se contrapone con el anuncio del presidente Fernández de suscribir un pacto por la calidad educativa, por el contrario, ambos requerimientos son subsidiarios y deben confluir como oxígeno a la sangre.

El Poder Ejecutivo consignó un incremento en términos absolutos de 20 mil millones de pesos en la partida al sector educativo en el Presupuesto 2012, que será de unos 65 mil millones de pesos, equivalente al 3.0 del PIB, cifra que no satisface a los sectores que impulsan el 4% que señala una ley que nunca se ha cumplido.

Así como se aconseja que el reclamo cívico del cuatro por ciento para la educación no sea objeto de preventa electoral, debería exigirse que el Gobierno tampoco condimente su propuesta de pacto por la educación con demagogia propia de la zafra comicial.

Para producir el anhelado gran salto hacia adelante en el campo de la educación, del desarrollo y de la equidad social, se requiere de muchos más recursos, pero también de un cambio radical de las estructuras educativas que garantice una mejor calidad de la inversión.

Es por eso que se exhorta a no desaprovechar esa propuesta de pacto por la educación e involucrar en su diseño y aplicación a todos los sectores de la sociedad, incluido partidos políticos, a los fines de que sobreviva al oleaje electoral y pueda ser encartado en el programa de Gobierno de cualquiera que resulte ganador en las elecciones del 2012.

Lo más saludable para el futuro de la educación dominicana es que se produzca una confluencia de voluntades a nivel oficial, del litoral político, empresariado y sociedad civil en torno al reclamo de mayor asignación a la educación y a la propuesta de un pacto por la educación de calidad. Una iniciativa completa a la otra.