El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) se erige como una inexpugnable estructura de poder que pretende estar por encima de la Constitución y las leyes, que con el pretexto de proteger la seguridad interior del Estado, se arroga autoridad para vulnerar derechos de los ciudadanos.

Esta es la hora y el día que aún los jefes del DNI no ofrecen explicación alguna sobre el enfermizo proceder de infiltrar sus agentes en labor de caliesaje en encuentros con periodistas, como su no disimulada incursión en la rueda de prensa convocada el 31 de mayo en un hotel de la capital por abogados puertorriqueños que dijeron representar a familiares del prófugo José David Figueroa Agosto.

En esa ocasión, efectivos del DNI se colaron disfrazados de periodistas en la conferencia de prensa con los juristas boricuas para recabar informaciones sabe Dios con cuáles propósitos, porque hasta donde se sabe esa no era una reunión con carácter sedicioso.

Esa agencia, dependiente del Poder Ejecutivo, opera en base a la ley 857 del 22 de julio de 1978, para apoyar la estrategia de seguridad nacional en procura de mantener la estabilidad, orden, prosperidad y continuidad del Estado, cuestión que seguramente no entenderían los escribientes infiltrados como falsos periodistas en esa rueda de prensa.

En provecho del DNI debe decirse que entre sus atribuciones está la de colectar y procesar informaciones relativas al crimen organizado, a fin de poder detectar actividades delictivas que atenten contra el orden público, la Constitución y las leyes, pero es obvio que ese tipo de datos no se obtienen con la vulgar infiltración en una rueda de prensa.

Si ese es el motivo de tal caliesaje, entonces se recomienda al DNI infiltrar sus agentes en el Ministerio Público o en los cuerpos investigativos policiales y militares para que recabe información que pueda explicar las razones por las cuales se instruye un expediente de narcotráfico sin que figure la acusación de violar la ley 50/88 sobre tráfico de drogas.

En vez de intimidar a la prensa, los calieses del DNI pueden ayudar a develar las razones por las cuales la sábana del expediente Figueroa Agosto no alcanza para cubrir a mucha gente de seda y lino, inexplicablemente excluidas o nunca interrogadas.

Los diligentes agentes de esa y otras agencias de espionaje o inteligencia deberían averiguar por qué el Ministerio Público instruye acusación contra varias personas por lavado de dinero proveniente del negocio de drogas, si no se acusa a nadie de narcotráfico o por qué se acusa a dos innombrables sin antecedentes criminales, de asesinar por encargo a un coronel, un empresario y un lugarteniente de Figueroa Agosto.

Si los jefes del DNI no quieren explicar el porqué del caliesaje a la prensa, al menos que acepten el consejo de escudriñar en la madriguera.