Un proyecto tan espinoso como el que tiene que ver con la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes tiene necesariamente que haber un consenso antes de aprobarse.
Más cuando la opinión pública ha demostrado tanto interés en una pieza que aborda aspectos que tienen que ver con la soberanía.
Además del aspecto legal del proyecto no se puede excluir el sentimiento de la población respecto de dramas como el representado por la crisis haitiana.
Es saludable la aclaración del canciller Roberto Álvarez respecto al proyecto al decir que la intención del Gobierno es escuchar las legítimas preocupaciones y acoger las sugerencias sobre el tema.
República Dominicana se comprometió y necesita una ley sobre tráfico humano, pero la legislación no puede ser una imposición de naciones foráneas que procuran que este país cargue con inmigrantes ilegales haitianos como refugiados.