El presidente Luis Abinader realizó ayer encuestas a través de su cuenta de WhatsApp para conocer la opinión ciudadana sobre varias propuestas de modificación a la Constitución de la República, un tipo de consulta popular sin precedentes en la historia de las 40 modificaciones efectuadas a la Carta Magna.

En esas consultas se recaba el parecer ciudadano sobre propuestas de unificar las elecciones en los niveles presidenciales, congresuales y municipales, reducir la cantidad de diputados en el Congreso Nacional, hacer inmodificable los límites a la gestión presidencial y garantizar la independencia del Ministerio Público.

El mandatario prometió referirse a los resultados de esas encuestas durante el encuentro esta tarde La Semanal con la prensa, aunque no refirió si se tomarían en cuenta los niveles de aprobación o de rechazos que a que se refieran quienes accedan a la plataforma presidencial de WhatsApp.

La Constitución que se pretende modificar establece en su artículo 272 la figura del referendo aprobatorio cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, ordenamiento territorial y municipal y régimen de nacionalidad.

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En los casos de procedimientos de reforma instituida en la Constitución, se requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referéndum aprobatorio convocado por la Junta Central Electoral y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora, conforme a ese apartado constitucional.

Penosamente, el referéndum aprobatorio no puede aplicarse aún por falta de una ley complementaria, por lo que la figura de consulta popular empleada por el presidente Abinader resulta novedosa, pero sin ningún efecto jurídico resolutorio.

Lo aconsejable sería que en adición a las consultas por WhatsApp sobre el asentimiento o rechazo ciudadano en torno a propuestas de reforma constitucional, el Gobierno contrate a empresas acreditadas que realicen levantamientos de carácter científico sobre la opinión de la población ante tales iniciativas, en el entendido de que tampoco tendrían asidero jurídico.

Ojalá que las plataformas digitales no sustituyan los mecanismos de consulta, diálogo y consenso entre Gobierno, liderazgo político, empresariado, academia y sociedad civil en torno a la propuesta de modificación de la Constitución, sin dejar de admitir que el uso por el Gobierno del WhatsApp como vía de medición de la opinión pública ha sido una iniciativa novedosa, que distrae y entretiene.