De haber cumplido al pie de la letra con la Ley de Hidrocarburos es posible que bastara hasta con una buena explicación por parte del Gobierno para desactivar movimientos como el paro convocado para el martes por transportistas de carga y de pasajeros en protesta por la llamada indexación de los combustibles. Pero al menos desde 2007 a la fecha ese no ha sido el caso.

La verdad es que las autoridades han violado a conveniencia, y todavía lo hacen, una legislación como la 112-00 concebida precisamente para despolitizar los precios de los carburantes. El rejuego, con el claro propósito de no cargar con los costos políticos, hoy, entre muchos otros factores, resta crédito a sus argumentos en lo que respecta a la aplicación de la ley.

En estos días, por el déficit fiscal que arrastra, todavía está en menos condiciones para absorber el alza del petróleo que durante las doce semanas consecutivas en que congeló los precios con motivo del proceso electoral. El Gobierno sabe que de regirse por la ley tendría que disponer aumentos, que en momentos de tanta tensión como los actuales sería como echar más leña al fuego.

Durante un encuentro en el Palacio Nacional calificado de auspicioso, el presidente Leonel Fernández consiguió aplacar la oposición del sector empresarial a la polémica indexación de los carburantes, pero no se puede obviar que a cambio tuvo que revocar el proyecto que revisaba la Ley de competitividad e innovación industrial.

Aún tras el acuerdo han surgido algunos riflazos en torno a supuestas violaciones a leyes como la de Electricidad. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Manuel Diez Cabral, se quejó de que no se acaban de ejecutar consensos a que se han arribado sobre la legislación, además de advertir sobre los riesgos que implica para la seguridad jurídica la inobservancia de reglas que las autoridades están lla madas a garantizar.

El Gobierno está contra la pared, toda vez que un encuentro con los transportistas no podrá ser únicamente para explicarles el alcance de los reajustes, como ha planteado el ministro de Economía y Planificación, Temístocles Montás, sino que tendrá que hacer algunas concesiones. Pero con la necesidad de recursos para completar subsidios como el del sector eléctrico se supone que no está en condiciones de dar facilidades ni hacer excepciones. Si ha absorbido el alza de los precios de los carburantes ha sido única y exclusivamente por las circunstancias.

De manera que tanto por la concesión a los empresarios como por los acostumbrados a lo suyo se duda que en un eventual encuentro con el presidente Fernández los transportistas puedan conformarse sólo con explicaciones. Ahí es que está el problema.