La Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo dispuso que la empresa generadora de Electricidad AES Andrés otorgue de manera regular a Distribuidora del Este (Edeeste) la carga de 300 megavatios contemplados en un contrato suscrito por ambas partes hace nueve años.

Se trata de una medida cautelar reclamada por Edeeste que procura evitar que AES dirija parte de esa carga a cualquiera de sus clientes no regulados, incluida a la minera Falconbridge Dominicana, a la que supliría entre 50 a 100 megavatios. El conflicto deberá dirimirse por vía de una audiencia arbitral.

Con esta litis judicial se reabre el debate en torno a la limitada producción de electricidad ofertada por empresas generadoras, parte de la cual sería dirigida a empresas de gran consumo que antes se suplían con plantas propias, lo que incrementaría el déficit operacional del sistema eléctrico nacional.

La historia de este conflicto entre AES Andrés y Edeeste parece remontarse a 2002, cuando la hoy distribuidora de electricidad estatal era propiedad de la empresa estadounidense, con la cual concertó compromiso de venderle a precio de mercado unos 300 megavatios, parte de los cuales serían contratados con Falconbridge y otras empresas

Mediante una maniobra jurídica AES traspasó sus acciones en Edeeste a un banco de inversión de origen francés por la suma de tres millones de dólares, para que esa entidad financiera interpusiera demandas arbitrales contra el Estado dominicano por 600 millones de dólares en seis jurisdicciones internacionales, por lucro cesante o ganancias dejadas de percibir por falta imputable al Gobierno.

A causa de esas demandas, el Gobierno tuvo que erogar más de 13 millones de dólares en pagos de abogados y comprar por más de US$23 millones las acciones de la empresa Edeeste que AES traspasó por US$3 millones

Es propicia la ocasión para que el Gobierno explique por qué no ha podido arribar a un acuerdo con AES para la construcción de un gasoducto desde la terminal de gas natural que posee esa empresa en Andrés, Boca Chica, hasta San Pedro de Macorís donde opera la planta Cogentrix que generaría 300 megavatios con ese combustible barato.

Grandes generadoras extranjeras no han adicionado ni un mega al sistema, pero insisten en extraer significativa porción de la carga eléctrica que producen para hacer negocios con clientes no regulados, por lo que la Superintendencia de Electricidad y la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales deberían intervenir ante tan evidente contrasentido.