Por más que se circunscriba a la ley, la intervención de los consejos de administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes) es una decisión controversial, que en principio generó variadas conjeturas. Pero si se ponderan los argumentos del vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) la medida no sólo era necesaria, sino que está bien fundamentada.

Sin necesidad de invocar la ley, la verdad es que tres consejos de siete miembros para cada una de las tres empresas, designados por el Poder Ejecutivo atendiendo más a razones políticas que técnicas, constituían un exceso para firmas que por el déficit financiero con que operan tienen que ser subsidiadas. Sin hablar de las funciones, si era que desempeñaban alguna.

Si bien no ha podido cantar victoria con la estabilidad del sistema eléctrico, la unificación de esos órganos bajo un solo cuerpo, y su consecuente y necesario ahorro de recursos, es de las cuestionadas anomalías que ha corregido el licenciado Celso Marranzini. De los cuatro miembros con que sustituyó a 12 integrantes de los consejos de las tres Edes sólo uno recibirá un salario de 100 mil pesos mensuales.

Tratándose de tres firmas que operan bajo el mismo esquema, lo más lógico era uniformar sus acciones con el propósito de hacerlas más eficientes en cuanto al servicio y la captación de recursos. Si en verdad ese es el objetivo hay que reconocer en Marranzini interés en sentar las bases de un sistema administrativo más eficaz y transparente.

La unificación de los consejos de Edesur, Edeeste y Edenorte, que Marranzini ha fundamentado en los decretos 249-09 y 930-09, es un paso que complementa otras decisiones adoptadas en torno al deficiente sistema eléctrico. Lo que se espera es que las medidas se traduzcan, como ha anticipado, en beneficio para los usuarios, que están con el grito al cielo tanto por los frecuentes apagones como por una tarifa abusiva, que en la mayoría de los casos no se corresponde con las condiciones económicas de los consumidores.

Marranzini también está decidido a actuar contra los empleados del sector eléctrico que no paguen la electricidad. No se puede ni siquiera pensar, porque indigna, que la condición de servidor público sirve de motivo para exonerar el consumo de energía a nadie en particular. Se trataría de un inaceptable privilegio.

Por lo bien concebidas que aparentan sería muy saludable que medidas como las que se han adoptado para ahorrar y hacer más eficiente el sector eléctrico se extiendan en todos los aspectos a una Administración Pública que también necesita de más racionalidad en cuanto a la erogación de recursos.