Lo más probable es que el Tribunal Constitucional (TC) acoja el recurso de inconstitucionalidad sometido por un grupo de pequeños partidos contra algunos aspectos de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, consideró esta mañana José Manuel Hernández Peguero, delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral.

Citó la renuncia automática de los miembros de los partidos contemplada en la pieza, decisión que a su juicio no procede porque debe pasar por un proceso de juicio disciplinario, donde el expulsado debe ser escuchado.

También citó el artículo 49 numeral 3 de la Ley 33-18, que establece que uno de los requisitos para ser precandidato o candidato es tener una afiliación política durante un tiempo que determinarán los estatutos de cada partido político, “y ese requisitos que no está contemplado en la Constitución de la República, pues la gente tiene derecho a elegir y ser elegido”.

“No la ley completa, pero esos aspectos que chocan con la Constitución lo más probable es que sean declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional”, opinó el también exjuez del Tribunal Superior Electoral y exfiscal del Distrito Nacional.

Resaltó que en el año 2012 el Tribunal Superior Electoral (TSE) también declaró inconstitucional el numeral cuatro del artículo 8 de la ley 136-11 sobre la elección de los diputados en el exterior; Ley 136-11 sobre el Voto en el Exterior y elección de Diputados y Diputadas de Ultramar, que establece que uno de los requisitos para ser candidato a representante de la comunidad en el exterior es estar incluido en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.

Agregó que en ese momento el TSE anuló el ordinal tercero del dispositivo de la resolución 15- 2012, del 24 de marzo de ese año dictada por el pleno de la JCE, que rechazaba la candidaturas de los dirigentes reformistas Ricardo Espaillat Genao, Orquidea Altagracia Domínguez Valdez, Maribel Guante Cibrián y Carlos Manuel Gómez Ureña, quienes aspiraban a diputados de ultramar.

La JCE alegó que estos estaban inscritos en el padrón electoral de República Dominicana, y no en el exterior.

Hernández Peguero dijo además que con relación a la expulsión automática de los militantes de los partidos, el artículo 79 de la Constitución establece que a nadie se le puede imponer una sanción sin que antes intervenga un juicio disciplinario en su partido

“Lo más probable es que el Tribunal declare inconstitucional los artículos que han sido atacados por los partidos”, dijo.

Ayer nueve partidos políticos sometieron ante el TC una acción directa.