Ningún ser humano es ilegal. Es la consigna que han acuñado los defensores de los derechos humanos para amparar cientos de miles de personas que han emigrado a las grandes metrópolis, en ocasiones arriesgando la vida, empujadas por la necesidad de vivir siquiera con un mínimo de dignidad. No reparan en la discriminación de que suelen ser víctimas ni en las tareas más humillantes.

Pero hasta el derecho a la vida es un crimen, al menos si se trata de ilegales en el estado estadounidense de Arizona. El crimen no es, en realidad, no es residir sin documentos en ninguna nación, sino que bajo ese pretexto se niegue el derecho a la vida a personas que emigran impulsadas por el noble deseo de encontrar una ocupación para comer, mantener a los suyos y prosperar.

Al pasar a la historia, la gobernadora Jan Brewer se coloca al lado de los grandes genocidas, esa legión de figuras siniestras y despiadadas, al firmar una ley que el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó, con razón, de irresponsable y mal encaminada. Es insólito que en una nación que se define como cuna de la democracia, los derechos y las libertades, que no ha conocido dictaduras y que tiene en el sueño americano de una suerte de filosofía para el progreso, se criminalice a un ser humano sólo por el hecho de ser ilegal.

La gobernadora, que enfrenta una reñida contienda electoral y trata de mitigar el descontento de los conservadores por la inmigración en el estado fronterizo con México, justificó la severa iniciativa bajo el alegato de que protege a todos los ciudadanos de Arizona, en lo que a su juicio ha fallado el gobierno federal. El asunto es todavía peor puesto que por simple sospecha la Policía puede interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria.

Pero esa medida, que constituye un crimen de lesa humanidad, en modo alguno puede prosperar. Las repercusiones no se han hecho esperar, y al menos ya México anunció su intención de revisar los tratados migratorios con Estados Unidos. Pero la opinión pública internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben movilizarse contra el brutal atropello.

Suerte que antes de los 90 días para entrar en vigencia el presidente Obama ha instruido al Departamento de Justicia que analice su pertinencia y si la repudiable legislación viola derechos civiles. Pero no es suficiente. La ley de la gobernadora de Arizona tiene que ser denunciada como un crimen, dado que atenta contra el derecho a la vida. Si esa barbaridad prospera en Estados Unidos jamás podrá hablarse de ningún tipo de prerrogativas del ser humano.