Haití está sometido a la barbarie. Una guerra civil de baja intensidad hace imposible vivir en el vecino país. Los hechos de sangre y muerte generan miles de damnificados y desesperados.

Ahora se habla de una gran hambruna que afectará a todos los haitianos, mientras que las fuerzas de seguridad, con poco apoyo internacional, van a la caza de los violentos.

Las pandillas actúan ante la inercia de las grandes potencias. Naciones poderosas han volteado la cara para no tomar acciones de regularizar la vida en Haití. Ese país no tiene ni fuerzas del orden público, ni ejercito, ni orden. Está en la antesala del infierno.

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Lo que pasa hoy en Haití es producto de la política desacertada de las grandes potencias. Los Estados Unidos en particular brindaron en el pasado apoyo a gobiernos dictatoriales, golpes de Estado y presidentes de uniforme que actuaron con puño de hierro.

Por tanto la responsabilidad en el drama haitiano la tienen los Estados Unidos, Francia y Canadá. No es cosa de buenas intenciones, sino que ellos, en época moderna, devastaron a ese país.

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Las Naciones Unidas formaron a sus Cascos Azules para supuestamente llevar la paz a Haití, y solo consiguieron abrir puertas al caos total. Desmantelaron el ejército y sin organismo de seguridad, se conformaron las pandillas.

Muchos militares cambiaron las medallas por el rugir de las metralletas, sembrando el terror, y llevando a ese país a un callejón sin salida.

Los dominicanos no pueden tratar de solucionar el problema haitiano. Esa no es nuestra responsabilidad. La solidaridad tiene un detente. Lo que pasa del otro lado de la frontera tiene que ser resuelto por los organismos internacionales y no por la República Dominicana.

Los dominicanos, bajo ninguna circunstancia, pueden ser parte en la solución del problema haitiano. No es posible pensar que el país sea el centro de acopio para la ayuda internacional, ni establecer campamentos de refugiados aquí.

La política de deportación de ilegales debe continuar. Nadie tiene derecho a vivir en el país sin documentos de identidad, sin saber quién es o a que se dedica. Todo indocumentado debe ser repatriado en el acto.

Tampoco se deben propiciar las cuotas de trabajo, para la industria de la construcción y las agroindustrias. También se debe cumplir con el principio de ley de que todo nacido en el país de padres ilegales, conserva la nacionalidad de éstos, o sea que es haitiano. Es una norma constitucional que no entra al debate, sino al cumplimiento.

Manuel Hernández Villeta