Los anaqueles jurídicos de República Dominicana están repletos de códigos y leyes calcadas de otras sociedades muchas veces con realidades políticas, históricas, culturales y económicas distintas o contrapuestas, por lo que la aplicación de esos textos se torna difícil o no coadyuva de manera significativa al propósito de consolidar un ensamblaje institucional o fortalecer el estado de derecho.

Constituyente y legislador adoptan la costumbre de colocar la carreta delante del burro, razón por la cual, mentados estatutos de última generación insertados en la Carta Magna confrontan problemas de aplicación, comprensión u observancia por parte de una población que no asimila tales sobredosis legislativas. Todo lo anterior sirve para advertir sobre propuestas de insertar la figura de la sindicalización y del derecho al sufragio en el proyecto de nuevo estatuto orgánico de la Policía Nacional que se conoce en el Congreso, que sin dudas constituyen accesorios innecesarios o que no se corresponden con el perfil que en la actual coyuntura institucional y política se requiere de esa institución.

La Policía requiere de una profunda reforma que la convierta en un cuerpo técnico sin escozor represivo, cuyos integrantes desempeñen de manera digna y profesional el mandato constitucional de preservar el orden ciudadano, la propiedad pública y privada, y auxiliar al Ministerio Público en la persecución de todo tipo de infracción penal.

Representantes de casi una veintena de organizaciones de la sociedad civil expusieron ante una comisión congresional sobre lo que debería ser la nueva Policía Nacional, la mayoría de las cuales aportaron ideas novedosas relacionadas con salarios, promociones y retiros y conquistas o reivindicaciones sociales.

La sugerencia de consignar el derecho al voto de los miembros de la Policía se interpreta como lanzar jabón al cocido, pues sería como retrotraer a esa institución a los tiempos cuando se le sindicaba como una Policía Política, al servicio de la promoción del régimen de turno. Aunque todavía lejano, ha de llegar el momento cuando sea posible aplicar esa conquista.

Debe advertirse que si se incluye la potestad de los agentes policiales de sufragar, lo mismo habría que disponer para los miembros de las Fuerzas Armadas, con lo que de nuevo se colocaría el carruaje delante de los corceles.

Otro extremismo sería el de insertar en el nuevo estatuto policial el derecho de los agentes a formar sindicatos, en tiempo cuando ese derecho no ha podido ser ejercido a plenitud por los trabajadores civiles o ha sido desvirtuado como en el caso del transporte público, donde clanes empresariales controlan para su provecho herramientas de poder y enriquecimiento.

En el debate sobre reforma de la ley orgánica de la Policía no debe haber espacio para ideas estrambóticas o para exponer repeticiones de otros escenarios sociales incompatibles con la realidad dominicana. Aunque muchos nacieron en camerinos, ese no es el escenario para hacer teatro.