Aunque el director de la Oficina de Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Antonio Santos Pérez, insiste en que todo marcha bien en el Metro de Santo Domingo, no debería ignorar que aún se mantiene el paro laboral de unos 70 colaboradores, entre operarios y empleados de otras áreas.

Lo más grave de la situación parece ser el despido de personal calificado, como encargados de operar los vagones, quienes son sustituidos por gente sin la debida preparación o que requieren de mayor experiencia.

Muchos de los despedidos que laboraban en el Metro desde sus inicios, fueron entrenados por técnicos franceses y reemplazados por gente sin experiencia.

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Es verdad que el Metro opera con relativa normalidad, pero debería admitirse que el riesgo de que ocurra algún percance es ahora mayor, como sería en cualquier servicio ferroviario del mundo si es manejado por personal no calificado.

La cancelación de 16 empleados, incluido el vocero de la protesta, Luis Miguel Peña Custodio, es como echarle más leña al fuego, tanto como negar que el problema existe y que afecta el desenvolvimiento normal del Metro que transporta unas 350 mil personas al día.

Las partes deberían retornar al diálogo con el propósito de que se resuelva el conflicto, para lo cual se requiere también que huelguistas retornen a sus labores y que la Opret reintegre a los trabajadores cancelados.

Las autoridades del Metro no deberían esperar que se requiera la intervención del presidente de la Republica para resolver ese problema.