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Lamentablemente, la República Dominicana todavía pertenece a los países donde los ciudadanos tienen que acudir a su Presidente para resolver conflictos que han de ser resueltos por los incumbentes de las instituciones.

El deporte nacional no es la excepción, pues aunque contamos con dos grandes figuras con vocación de servicio y buena voluntad, como son Jaime David Fernández Mirabal y Luisín Mejía Oviedo, lo cierto es que no han podido ponerse de acuerdo para desarrollar con sinceridad un proyecto deportivo nacional que garantice un avance significativo y un retorno de calidad en la inversión que hace el gobierno.

El caos existente donde la pirámide olímpica es pura retórica, pues los clubes deportivos son excuídos, se debe a que no hay una Ley de Deportes que obligue a los actores a definir sus roles y sus obligaciones. Increíblemente, la Ley General de Deportes 356-05, todavía espera su promulgación, según el diputado Jesús Martínez Alberti, quien fue uno de sus principales promotores. ¿ Y cómo es posible que el gobierno del presidente Medina presupueste al año más de 2000 millones a través del Ministerio de Deportes sin que haya una ley que garantice un retorno efectivo y una distribución justa?.

Todos se han hecho los ” chivos locos” con una ley que debe establecer las funciones del Comité Olímpico Dominicano y el Ministerio de Deportes, que a veces dan la percepción de que están en competencia. En el caso de algunas federaciones, el desorden no puede ser mayor, pues ¿ Cómo se explica que el señor Yunior Arias Noboa haya desmembrado la selección nacional de esgrima, como si fuera un patrimonio personal y no un seleccionado que se ha formado con los recursos del Estado?

¿ Y cómo es posible, a la vista del Comité Olímpico y el Ministerio de Deportes, que el Coronel Rafael Uribe, presidente de la Federación de Baloncesto, haya perdido la medalla de oro en los panamericanos, al no enviar a nuestros mejores atletas, por no afectar un torneo local como el de la Liga de Baloncesto? Hoy más que nunca se necesita una ley que haga posible lo que incesantemente ha propuesto el editor deportivo de El Nacional, Leo Corporán, en el sentido de que el deporte nacional debe ir de las manos de la educación y la salud.

No basta con la buena voluntad de Jaime David y Luisin Mejía, se requiere una ley en consonancia con el artículo 65 de la Constitución sobre el derecho al deporte. En todos los países es el Estado el que asume la política deportiva dentro de un orden de prioridades.

No tenemos una política deportiva de Estado, por lo cual actitudes como la de Yunior Arias Noboa y Rafael Uribe estarán a la orden del día sin ningún control o sanción.