La Conferencia del Episcopado Dominicano ha reclamado al Gobierno no convertir los hospitales en puntos de control migratorio, perseguir y sancionar a los que trafican con inmigrantes irregulares, “sean de la nación que sean”, al tiempo que censuró los discursos que afirma incitan al odio, marginalización y violencia contra los inmigrantes.

De los obispos católicos no podía esperarse otra arenga sobre el tema de inmigratorio, porque la Iglesia ha sido constante y perseverante en abogar para que las leyes migratorias se apliquen conforme a los principios de equidad y respeto a la dignidad humana.

A lo que se refiere la Conferencia Episcopal es al protocolo hospitalario aplicado por la Dirección General de Migración (DGM) en los centros de salud públicos, donde coloca a agentes para que detengan a inmigrantes indocumentados después de recibir asistencia médica, con los cuales se procede a su deportación.

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No se niega que ese proceder podría colisionar con principios de solidaridad y de caridad, pero también, de justicia es decir, que con esa medida procura reducir el elevado número de parturientas procedentes de Haití que abarrotaban las maternidades públicas.

El documento de los obispos asume como suyo el reiterado reclamo del Gobierno para que la comunidad internacional afronte el drama haitiano, matizado por la violencia de bandas armadas, desplazamiento de millones de ciudadanos, que padecen crisis alimentaria, marginalidad económica y social.

Contrario a otras naciones donde predomina la xenofobia contra los extranjeros, el desenfreno migratorio haitiano pone en riesgo la seguridad interna y el ensamblaje económico e institucional de República Dominicana, lo que debe obligar al Gobierno a aplicar a pie de letra las leyes migratorias, apegado al respeto a los derechos humanos.

Sin pretender incómodas comparaciones, es menester recordar que en Estados Unidos se construyó una cárcel rodeada de cocodrilos para albergar a inmigrantes, que el presidente Donald Trump anunció que deportaría también a extranjeros naturalizados o nacidos en ese país, y que el partido Vox, de España, promete que de llegar al gobierno expulsaría a ocho millones de inmigrantes.

Sobre el muy delicado tema haitiano, la conferencia de los obispos ha dicho lo que quería decir, por lo que corresponde al Gobierno reflexionar sobre el contenido de ese documento y hacer lo que la ley dice que tiene que hacer. Nada más.