Afirmar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene de rodillas al Gobierno puede ser una exageración o una rígida imagen semántica para describir el drama de una economía intervenida por ese gendarme, como sin dudas es la de República Dominicana, que lleva casi seis años atada a sus amarras.

Es por eso que esa aseveración hecha por el administrador general del Banco de Reservas, licenciado Vicente Bengoa, más que de controversia, debería ser objeto de reflexión, porque los nexos con el FMI han oscilado entre lo trágico y lo traumático.

Con la quiebra del gigante Lehman Brothers, en septiembre de 2008, se declaró oficialmente que el mundo había ingresado en su peor crisis económica y financiera desde los tiempos de la Gran Depresión y, como era natural, la economía dominicana fue severamente impactada por ese crack.

En el primer semestre de 2009, las recaudaciones fiscales se redujeron en 24 mil millones de pesos, a causa de la disminución de las importaciones y de las actividades económicas en sentido general, pero aun así el Gobierno estuvo renuente a firmar un nuevo acuerdo del tipo Stand by con el FMI.

Para sortear esa crisis, el equipo económico oficial procuró rápidos desembolsos de sendos préstamos ya aprobados por el Banco Mundial (150 millones de dólares) y del Banco Interamericano de Desarrollo (US$200 millones), pero ambas instituciones exigieron una previa firma con el FMI como condición para ejecutar esos créditos.

Fue así como el Gobierno tuvo que caer en brazos del Fondo, única vía para obtener los recursos citados, más 450 millones de dólares que otorgaría el FMI para ejecutar un programa anti cíclico que evitara caer en estado de recesión a causa del impacto de la crisis global.

Puede decirse que el acuerdo con el FMI no fue una acción voluntaria del Gobierno, sino la única alternativa posible para afrontar la crisis de 2008-2009, situación que aprovechó ese gendarme para obligar a las autoridades a votar una ley de recapitalización del Banco Central en términos de diez años, en vez de 15 años, como se había propuesto.

El Estado ha sido puesto de rodillas quizás porque el FMI ha obligado al Gobierno a transferir al sector eléctrico de 2005 a 2010, 158 mil 500 millones de pesos, equivalente a cuatro mil 500 millones de dólares y 35 mil 500 millones al Banco Central. Puede decirse que el FMI, al menos aprieta el cuello al Gobierno y a la población.