El Gobierno envió hoy a Puerto Príncipe a tres ministros, un embajador y un director general para gestionar que autoridades haitianas levanten la prohibición a la comercialización de huevos y pollos de República Dominicana, errónea iniciativa que envía penosa señal de debilidad o culpabilidad frente a una medida irracional que ni siquiera fue notificada a la Cancillería por Haití.

Es esa una misión de altísimo nivel que no guarda proporción con la jerarquía con las diligencias o requisitos diplomáticos o comerciales que deben realizarse o cumplirse para subsanar una resolución acometida por el Ministerio de Industria y Comercio haitiano sustentada en causas falsas o inexistentes.

La comisión designada por el presidente Danilo Medina está integrada por los ministros de Agricultura, Industria y Comercio y Salud Pública, además del coordinador de la Comisión Mixta Bilateral y el director ejecutivo del Centro de Inversión (CEI-RD), cuyo nivel es similar a las misiones que se envían a las sesiones de Naciones Unidas o de la Organización Mundial de Comercio.

¿Cómo es posible que el Gobierno envíe a Haití a tres ministros, al representante ante el órgano que diseña políticas bilaterales y al titular de su agencia de promoción de exportaciones para gestionar la revocación de una medida sobre la cual no ha sido siquiera notificado?

Haití ha ignorado de manera absoluta y radical las quejas expresadas por la Cancillería dominicana sobre la intempestiva prohibición de las importaciones de pollo y huevo por la frontera y tampoco ha ofrecido una explicación o justificación de su proceder como lo ha solicitado el embajador dominicano en Puerto Príncipe.

Ante una disposición arbitraria e injusta que a todas luces representa la aplicación de barrera no arancelaria para perjudicar el ingreso a Haití de productos dominicanos, el Gobierno responde con el envío a ese país de una misión de altísimo nivel, que por demás no ha sido invitada por las autoridades haitianas. Penosa demostración de debilidad e incoherencia diplomática.

El único funcionario que debería viajar a Haití a indagar razones y procurar revocación de esa prohibición es el director del CEI-RD, quien estaría acompañado del embajador Rubén Silié, o de algún funcionario de la embajada dominicana. Lo que ha debido hacer el Gobierno es presentar este incidente ante escenarios de arbitraje comercial, a los que han recurrido naciones centroamericanas para dilucidar conflictos con República Dominicana.

No resulta saludable que tres ministros, un embajador y un director general hagan un periplo por oficinas públicas haitianas para suplicar que cese la lapidación contra el interés nacional afectado por innominados intereses de ese país, cuyo gobierno ha ofrecido deplorable muestra de descortesía y desconsideración hacia su cirineo y vecino fiel.