El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno dominicano la libertad pura y simple del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa, tras considerar que su prisión, antes preventiva y ahora domiciliaria, constituye una acción arbitraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los pactos internacionales civiles y políticos, según dio a conocer hoy el consejo de defensa del procesado.

En un documento enviado al Gobierno, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establece que la privación de libertad del exprocurador viola todos los preceptos universales de derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La ONU espera que el Gobierno de la República Dominicana respete los tratados internacionales de manera inmediata por ser obligatorios y, adicionalmente, por su nueva responsabilidad como integrante temporal del mismo Consejo de Derechos Humanos que ha solicitado la puesta en libertad.

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En el documento se evidencia la transgresión marcando un negativo precedente internacional contra el país, al haberse comprobado y confirmado a través de la Opinión No. 46/20231 del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de dicho órgano con sede en Ginebra, Suiza, la violación a los citados sagrados acuerdos y pactos internacionales.

Esta decisión se produce luego de agotar un proceso contradictorio de casi dos años, en el cual participó la Procuraduría General de la República.

En el documento se evidencia y condenan las acciones violatorias de los tratados internacionales en orden cronológico, incluyendo la violación al libre tránsito al haber impedido la Pepca y el DNI, sin orden judicial y de forma alarmante e ilegal, que Jean Alain Rodríguez viajara junto a su familia, constatando la ONU que se trataba de un viaje familiar sin evidenciarse intención alguna de fuga.

También indica el documento que su arresto fue injustificado y excesivo al este haberse presentado voluntariamente, sin nadie haberlo llamado ni citado, ni requerido, ni identificarse un solo indicio o condiciones de fuga para proceder a un arresto. También se resalta el no habérsele permitido un juicio justo e imparcial, constatándose que le fue impedido defenderse en el juicio que lo envió por 18 meses a prisión y que lo mantiene aún bajo arresto domiciliario, entre otras serias violaciones señaladas por la ONU.

Manifestó una seria preocupación de este organismo por la falta de legalidad y violación a los derechos fundamentales del gobierno dominicano contra el exprocurador.

En este contexto, el órgano de la ONU y la legislación dominicana definen el arresto domiciliario como una privación de libertad y solicitan en los numerales 115 al 118 de su decisión, la liberación inmediata de Rodríguez, garantizándole el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación. También solicita al Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a esta privación arbitraria de libertad y adopte las medidas pertinentes contra aquellos responsables de la evidenciada violación de derechos.

En febrero pasado, el juez Amauri Martínez ordenó el cese de la prisión preventiva a favor del exprocurador general de la República otorgando una garantía económica y prisión domiciliaria, luego de 18 meses en prisión preventiva.

El magistrado del Tercer Juzgado de la Instrucción impuso una garantía económica de RD$50 millones mediante compañía aseguradora, impedimento de salida, también se ordenó prisión domiciliaria y la colocación de un grillete electrónico contra Rodríguez. El 15 de febrero, a las 3:00 de la tarde, se leerá la decisión de manera íntegra.

Preocupa violación derechos

La ONU manifestó su preocupación por la falta de legalidad y violación a los derechos fundamentales, por parte del Gobierno dominicano contra el ex procurador. En este contexto, el órgano de la ONU y la legislación dominicana definen el arresto domiciliario como una privación de libertad y solicitan en los numerales 115 al 118 de su decisión, la liberación inmediata del ciudadano.

El órgano de la ONU, pide al Gobierno levantar la prisión preventiva, que pesa contra el extitular de la Procuraduría General de la República.