La Defensora del Pueblo, doctora Zoila Medina Guante, ha tenido que montar oficina en su propio hogar porque confronta inconvenientes para alquilar un local donde opere el rimbombante organismo al que el constituyente insertó en la Constitución como otras muchas instituciones que nacieron o fueron engendradas sin pies ni cabeza.

Con un presupuesto inicial de cien millones de pesos que fue reducido a la mitad, el Defensor del Pueblo es hoy un errante cuyo titular se ha guarecido en propia morada, porque después de su accidentado nacimiento el engendro no parece tener dolientes en el Gobierno ni en la mentada sociedad civil.

La doctora Medina Guante ha pedido al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, que le ayude a conseguir un local, que debe ser amplio y de fácil acceso a la población, en especial a los que no tienen vehículos, pero el alquiler de inmuebles ofertados oscilan entre seis mil y 18 mil dólares mensuales, además de que se exige el pago adelantado de seis meses.

Duele saber que una institución cuya misión sería salvaguardar los derechos del ciudadano ordinario, que ya figura en la Carta Magna y que motivó encendidos elogios o justificación de políticos y escribidores, no tenga hoy siquiera un lugar donde cobijar a sus propios burócratas. Uno no sabe si reír o llorar.

Ejemplo de justicia

Un jurado de Puerto Rico, integrado por siete hombres y tres mujeres, emitió de manera unánime el veredicto de no culpabilidad en favor de la doméstica dominicana Aida de los Santos, acusada de asesinar a su jefa, con lo que la justicia boricua ofreció soberbia demostración de honradez procesal.

De los Santos fue procesada por la muerte de Georgina Ortiz, quien era esposa del ex juez Rafael Irizarry Yunque, en cuya residencia laboraba desde hacía algunos años, proceso que acaparó la atención de la opinión pública puertorriqueña, que nunca manifestó prejuicios contra la acusada por su condición de inmigrante.

La defensa de la doméstica dominicana presentó contundentes pruebas criminológicas y testimoniales que descartaron toda posibilidad de que haya incurrido en el crimen que se le imputó, por lo que el jurado decretó su absolución.

Aunque sufrió diez meses de encierro injustificado en una cárcel donde dijo la trataron como a un perro, se resaltan los méritos del servicio judicial de Puerto Rico que en todo momento aseguró el derecho de defensa de la humilde imputada y garantizó que un jurado ofreciera su veredicto sin prejuicios y conforme al dictado de conciencia de sus integrantes.