El ministro de Educación y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dijeron que el presidente Leonel Fernández les prometió que el Gobierno no extraería recursos al sector educativo para transferirlo al sector eléctrico, como se había anunciado.

Las declaraciones por separado de los licenciados Melanio Paredes y Radhamés Camacho se asumen como una nota de alivio que requiere de confirmación a través de un anuncio oficial.

El Consejo de Gobierno acordó descontar un 20 por ciento a los presupuestos de todos los ministerios, incluido Educación y Educación Superior, para completar la suma de 350 millones de dólares en subsidios que requiere la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE).

Ese despropósito causó revuelo y pesar en la sociedad, a cuyos reclamos de que se asigne al sector educativo por lo menos el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se responde con reducir aún más la limosna.

Ante la avalancha de rechazos y quejas, incluso del ministro Paredes que calificó la medida oficial como hecho lamentable, al presidente Fernández se le atribuye revocar esa infausta decisión.

Una medida que fue anunciada al término de un Consejo de Gobierno no debería revocarse por vía de una promesa presidencial transmitida por vía de mensajería.

No se duda de la promesa presidencial de no extraer ni un centavo de los fondos consignados a Educación, pero es obvio que el Gobierno debería formalizarla por vía de un anuncio oficial.

Se supone, por ejemplo que la rectificación que habría transmitido el mandatario a los licenciados Paredes y Camacho, incluye al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Por aquello de que del dicho al hecho hay mucho trecho se aconseja que el contenido de esa promesa se comunique oficialmente a la nación.