La delincuencia es tema complejo y agobiante, que por ocupar el primer lugar en la lista de urgencias nacionales no debería ser abordada con precipitación o superficialidad.

Son muchas las instituciones que confluyen en afrontar la criminalidad, consolidar el sistema de derecho y garantizar la seguridad ciudadana, de las cuales la Policía Nacional figura ante la población como el ente principal responsable de salvaguardar el orden público.

El aprecio público por la Policía aumenta o disminuye en la medida que crecen o se restringen los crímenes y delitos, aunque muchas veces esa institución ha sido blanco de críticas injustas o de censura que ha debido compartir con otras instancias del Estado.

La Policía está en la línea del frente en una dilatada y desigual lucha contra un tipo de criminalidad asociado al narcotráfico y sicariato que ha podido extender garras por sus enormes tentáculos en dinero, armas e influencia.

En los últimos tres años 165 policías han muerto en cumplimiento de su deber y otros 658 han sufrido heridas de bala, cifras tan dramáticas como las que se ofrecen sobre muertes en intercambios de disparo.

Nunca ha encontrado eco el clamor para que organizaciones vinculadas con la custodia de los derechos humanos incluyan a agentes policiales muertos o heridos por delincuentes en sus catálogos de reclamos.

Mucho se habla de una innominada reforma policial, pero no aparece un mortal que se refiera a los recursos que se requieren para financiar ese proceso de transformación que debe incluir aumento salarial, seguridad social, planes de vivienda y otras reivindicaciones para los miembros de esa institución.

Hay que decir que la Policía es un ente auxiliar del Ministerio Público, el verdadero rector de la persecución del delito y que su papel de afrontar la criminalidad está íntimamente ligado con la actuación de los jueces que se define como benigna, garantista o complaciente ante la delincuencia.

Estado y sociedad están compelidos a escoger entre delincuentes y policías.