Cuando José Francisco Peña Gómez acuñó la expresión “regla de oro” en referencia a asegurar que el partido que hubiese ganado una alcaldía tuviese la gobernabilidad del concejo municipal, era en la época posterior a los acuerdos de 1994, circunstancias muy diferentes a las que vivimos hoy. Efectivamente, en 2016, la democracia ha retrocedido, y ante esta realidad, lo que se impone, es la regeneración de la democracia.

Las municipalidades son por creación y práctica, los gobiernos de mayor contacto con la gente, y su trabajo tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población. Por eso es tan elemental que a los alcaldes, del PLD y aliados, así como del PRM, sean regulados por las salas capitulares, cuyos miembros deberán ser elegidos por los regidores mediante mecanismos democráticos. En este escenario, el PRM y aliados hacen mayoría en ayuntamientos cuyo alcalde es del PLD. Un nuevo juego de pelota.

Preocupante que el PLD pretenda desde ya crear un clima apocalíptico de lo que pueda ocurrir el 16 de agosto en los ayuntamientos. La memoria histórica está ahí, y los archivos periodísticos pueden determinar quién es el que ha provocado violencia y muertes en los ayuntamientos, y no es precisamente la oposición, sino el PLD.

Garantizar la seguridad durante la elección de los concejos municipales es responsabilidad del Ministerio de Interior y Policía, no de la Liga Municipal, ni la Federación de Municipios. Por tanto, el PLD y el gobierno son los responsables de lo que pueda ocurrir cuando se quiera hacer una elección democrática.

Los concejos municipales de todo el país deberán ser electos democráticamente, y si tal como ocurrió en muchos municipios del país, el PRM y aliados obtuvo mayoría, debemos tener la presencia protagónica y representativa que el pueblo, de forma soberana, eligió para liderar sus municipios y su forma de vida política para los próximos cuatro años.

Estas salas capitulares son como el “poder legislativo” que debe fiscalizar y trabajar en conjunto con el “poder ejecutivo”, en este caso, el alcalde de un municipio particular. La contraposición de fuerzas entre estos órganos debe y será la expresión del sistema de contrapeso que permite el funcionamiento de las instituciones y la consolidación de la democracia.