El presidente de la Cámara de Cuentas (CC), Janel Andrés Rodríguez, se definió como “un preso de confianza” porque muchas veces tiene que hacer “lo que diga el Pleno de esa institución aunque esté contra la ley”, y confesó que, de saber con anterioridad como se manejarían los asuntos no se hubiera “metido en eso”.

Janel Andrés Rodríguez denunció también que ha sido objeto de “un golpe de Estado” por los miembros del Pleno al tomar decisiones sin su presencia y denunció que la institución está sumergida en una situación de “ingobernabilidad”.
Lo confesado revela la magnitud de la crisis que abate a la Cámara de Cuentas, a lo que se agrega que el propio titular es investigado por un juez especial de la Suprema Corte de Justicia en torno a la acusación de acoso sexual contra dos empleadas de esa entidad con rango constitucional.

Rodríguez alega que el estado de ingobernabilidad que afecta a la CC, “no es de ahora”, que “ha sido siempre”, pero no se recuerda a otro incumbente que se haya definido como “un preso de confianza” de sus colegas, a los que acusa de propinarle un “golpe de Estado”.

Aunque poco se sabe de la visita que la procuradora general, Miriam Germán, y la directora de Persecución contra la Corrupción, Yeni Berenice, giraron al presidente de la Cámara de Cuentas, afloran denuncias de que se retiene la entrega de auditorías solicitadas por el Ministerio Público.

Sobre ese particular, Rodríguez dijo que sería irresponsable entregar auditorías sin garantizar la calidad de los informes que emita, conforme a la ley 10-04, pero también revela que en la Cámara de Cuentas apenas se concluyen siete de cien auditorías programadas.

Por todo lo confesado por el presidente de la Cámara de Cuentas al comparecer al programa El Día, por Telesistema, canal 11, y por otras muchas barbaridades que ocurren en esa institución colegiada, urge que el Congreso dirija su mirada hacia una institución que debe fiscalizar el uso y destino de los recursos públicos.

El desorden prevaleciente en esa institución, admitido por su titular, obliga a los poderes públicos a encaminar una rápida solución liberada de tramites políticos, a los fines de restablecer orden y confianza en un fuero público de vital trascendencia para el ordenamiento jurídico en los ámbitos penal, civil y administrativo y para la propia institucionalidad democrática.