Las clínicas privadas han advertido que suspenderán desde el martes los servicios médicos a más de 2.5 millones de pacientes del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS), a menos que las autoridades dispongan de un aumento del cápita por beneficiario, lo que literalmente equivaldría a una catástrofe sanitaria.

El gremio de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) respalda el emplazamiento de los centros médicos privados, lo que indica que decenas de miles de pacientes tendrían que interrumpir internamientos o consultas médicas, porque las tarjetas de seguros quedarían invalidadas.

Se alega que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) lleva años que no reajusta el per cápita a las ARS para que a su vez aumente la porción que entrega a las clínicas prestadoras de salud, pero lo grave del dilatado conflicto es que siempre los afiliados a la seguridad social sufren las consecuencias.

El presidente de la Adars, José Manuel Vargas, sostiene que el incremento reclamado no representaría sacrificio para el trabajador ni empleador, en razón de que el Fondo para el Cuidado de la Salud de las Personas tiene acumulado más de seis mil millones de pesos, suma que se incrementaría con el alza salarial.

Se debería partir del criterio de que Estado y Gobierno están obligados a garantizar un régimen de seguridad social universal, en responsabilidad compartida con empleadores y asalariados, al menos en lo concerniente al régimen contributivo.

A más de resolver, el conflicto que provocaría la suspensión de los servicios médicos a asegurados en clínicas privadas, el CNSS está compelido a levantar un estudio actuarial que permita conocer y poder abordar las necesidades financieras del régimen de Seguridad Social para garantizar sostenibilidad.

Se admite que la seguridad social ha avanzado en los últimos años, especialmente el régimen contributivo de salud, pero es mucho el camino que falta por recorrer para que esa expresión de equidad se asiente de manera efectiva y definitiva en su rol de sostén de una auténtica democracia política.

Se reclama que las Asociaciones de Clínicas Privadas, Prestadoras de Servicios de Salud y Consejo Nacional de la Seguridad Social resuelvan el diferendo con el per cápita que debe sustentar la tarjeta de seguro médico de los afiliados, para que por ninguna razón o conflicto de intereses se niegue el derecho a la salud a más de 2.5 millones de ciudadanos.