El resultado de abrumadora desconfianza de la población hacia los jueces, arrojado por un sondeo entre lectores de la edición digital de El Nacional, debería motivar una profunda reflexión en toda la judicatura nacional, sobre las razones de tan pobre percepción ciudadana sobre la labor que realizan los magistrados de tribunales y cortes.

A la pregunta de que si son fiables los jueces dominicanos, el 93.64 por ciento de los lectores respondió con un no y sólo un 6.36 dijo que sí, lo que revela un extendido descontento en torno a fallos, sentencias o diligencias procesales sobre casos que involucran a acusados de la comisión de crímenes y delitos, incluido asesinatos, atracos, violaciones, narcotráfico y corrupción.

Se admite que la encuesta que cada día presenta este periódico en su página wed no representa el universo de la sociedad, ni puede ser estratificada en determinados blancos de público, pero una diferencia tan pronunciada entre confianza y desconfianza debería motivar al orden judicial a una revisión de sus actuaciones.

Es posible que tan funesta percepción colectiva contra los jueces sea similar respecto a la actuación del Ministerio Público y de la Policía, pero la verdad es que esta vez, los lectores han expresado descontento frente al orden judicial, una apreciación que parece compartir un segmento apreciable de la población.

El ciudadano ordinario no llega a comprender las razones jurídicas, morales o éticas por las cuales, gente acusada por la comisión de crímenes violentos sean favorecidas con medidas de coerción que se limitan a garantías económicas e impedimentos de salida del país, lo que permite la repetición o reincidencia de las infracciones imputadas.

Vecinos de barrios residenciales observan como reconocidos delincuentes apresados en delitos flagrantes retornan a sus andanzas, antes de que pestañe un pollo, amparado en impunidad legal que se expresa ahora en las tales medidas de coerción.

El senador Francisco Domínguez Brito, reveló que en los últimos 10 a 15 años, los jueces apenas condenan a un diez por ciento de los autores de asesinato planificado o por paga, situación a la que atribuye el crecimiento del sicariato.

Se critica también que los magistrados del orden penal están más atentos a las debilidades supuestas o reales del expediente instrumentado por la fiscalía que al peligro que representan para la sociedad connotados delincuentes con extensos prontuarios de reincidencia.

La Suprema Corte de Justicia, cortes de Apelación, Juzgados colegiados, de primera instancia y de atención permanente, deberían darse por aludido ante la abrumadora muestra de desconfianza que han expresado lectores de El Nacional Digital.