El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, designó al magistrado Justiniano Montero Montero, como juez de la instrucción especial, para conocer los casos seguidos en jurisdicción privilegiada a cuatro diputados, a quienes el Ministerio Público les imputa la comisión de varios ilícitos penales, entre ellos lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Mediante los autos números 57/2023 y 58/2023, ambos de fecha 29 de diciembre de 2023, el juez presidente Henry Molina dispuso que el magistrado Montero Montero conozca los procesos que implica a los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera y Sergio Moya de la Cruz.
Esos procesos en jurisdicción privilegiada habían sido asignados al juez Napoleón Estévez Lavandier, quien el pasado mes de diciembre fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como juez presidente del Tribunal Constitucional (TC).
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El Ministerio Público acusa a los legisladores Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz, Faustina Guerrero Cabrera de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes de narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Mientras que, sobre el diputado del Distrito Nacional, Sergio Moya pesan las imputaciones preliminares de asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Sobre el magistrado Montero Montero
Es juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que conoce asuntos civiles y comerciales. Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD). Magíster en Sociedad Democrática y Estado de Derecho, de la Universidad del País Vasco; Magíster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal de la Universidad de Castilla-La Mancha; Magíster en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional: Derechos Fundamentales y Procesos Constitucionales, y Especialidad en Derecho Judicial, ambos de la Escuela Nacional de la Judicatura; Especialidad en Relaciones Internacionales, Universidad del País Vasco. Actualmente es Miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.
