A más de año y medio que la Procuraduría General de la República designó al procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa para que lleve la investigación de tres diputados que fueron ligados al caso Falcón, todavía el órgano persecutor del crimen no ha solicitado al juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni una sola diligencia procesal para la investigación, lo que parece que los procesos conocidos a legisladores se desvanecen en esa jurisdicción.
El cuarto diputado investigado por un juez oficial es Sergio Moya (Gory), implicado en la Operación Calamar
El juez especial de la SCJ, Napoleón Estévez Lavandier, quien fue designado para conocer sobre las solicitudes de autorizaciones judiciales de las medidas cautelares necesarias que pudieran derivarse de la investigación, no ha recibido ninguna solicitud del Ministerio Público al respecto.
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En diciembre del 2021, el juez Estévez Lavandier, fue designado por esa alta corte para llevar el proceso contra los legisladores Faustina Guerrero Cabrera, de El Seibo; Nelson Rafael Marmolejos Gil, de Santiago, y Héctor Darío Féliz Féliz, de Oviedo, Pedernales.
Caso Gory
En tanto que el pasado 12 de abril se desinó al mismo juez para conocer el caso del diputado Sergio Moya (Gory), involucrado en el entramado de la Operación Calamar, por lo que son procesados tres exministros del pasado gobierno que encabezó el expresidente Danilo Medina.
Según el Ministerio Público, delatores informaron que Gory Moya era uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, creado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
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Sin embargo, tres meses después el Ministerio Público todavía no ha presentado acusación contra el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Falcón
A raíz de las pesquisas realizadas mediante la Operación Falcón, la investigación se extendió hacia esos tres diputados, pero la investigación da visos de que está empantanada en el Ministerio Público.
Según el órgano acusador, la red operaba en la zona norte de República Dominicana, especialmente en Santiago, pero con ramificaciones en la región Este.
El 27 de septiembre del pasado año, la Procuraduría General de la República ejecutó una orden de secuestro en la residencia de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por El Seibo, Faustina Guerrero Cabrera (Grey Maldonado), esposa de Juan Maldonado, sindicado como el cabecilla del caso Falcón.
Se recuerda que un equipo de fiscales y agentes policiales se presentaron en la residencia de la legisladora oficialista y requisaron toda la vivienda; cargando con computadoras, documentos y otros objetos.
