Jet Set

Con los interrogatorios ayer al empresario Antonio Espaillat, requerido por la procuraduría general de la de la República en torno al desplome del techo de la discoteca Jet Set, , que tuvo un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos, se inicia formalmente uno de los procesos de mayor significación en la historia reciente de judicatura nacional.

El mismo jueves la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregó al Ministerio Público las conclusiones de un estudio forense realizado por tres peritos sobre las causas que provocaron la caída del techado de ese centro de diversiones.

También se difundieron ayer declaraciones de un empleado de la discoteca, identificado como encargado de organizar las fiestas en Jet Set, de quien se dijo que habría aportado evidencias a los fiscales de que advirtió al propietario del establecimiento sobre el peligro de un derrumbe.

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Con la apertura formal de las indagaciones en torno a esa tragedia y la detención del empresario Espaillat, con cargo por homicidio involuntario, también se abren compuertas a especulaciones que deben ser afrontadas por la Procuraduría General con antídoto de transparencia y apego al debido proceso.

El informe de Onesvie sobre las causas que provocaron el desplome del techo de Jet Set se erige como pieza esencial, que requiere ser socializada de manera íntegra con la sociedad, lo mismo que los diferentes interrogatorios que se practiquen a propietarios, empleados, sobrevivientes y peritos.

Nada debe quedar oculto bajo ninguna alfombra de conveniencia, como tampoco ese proceso judicial debe arroparse con manto de prejuicio, aun con tantos corazones desgarrados, porque en medio de la tragedia a lo que debe aspirarse es a que la verdad aflore de manera límpida y contundente.

Se resalta que el techo de ese centro de diversión se derrumbó por completo sobre la mayoría de los asistentes, con saldo de 236 muertos y decenas de heridos, por lo que la investigación emprendida por el Ministerio Público ha de auscultar y probar su acusación de inobservancia o negligencia como causa de la tragedia.

Fiscales y jueces tienen sobre sus hombros el compromiso de investigar a fondo esa tragedia, de garantizar un proceso en los ámbitos penal y civil que se erija como gran ejemplo de sana y correcta administración de justicia, sin asomo de ofuscación, pero tampoco de privilegio para que no se convierta en otro motivo para derramar más lágrimas esta vez de desaliento e indignación.