El Ministerio Público no es ajeno al impacto social generado por la detención de prominentes funcionarios del Gobierno de Danilo Medina, lo que significa que el caso tiene que ser abordado con el más elevado criterio profesional.

La presunción de inocencia como parte del debido proceso tiene que respetarse en un caso que constituye el mayor escándalo de corrupción que es investigado.

Con los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero Ortiz han sido detenidos y mencionados en la investigación funcionarios de menor jerarquía en el supuesto entramado de corrupción que habría estafado al Estado con casi 20 mil millones de pesos.

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Con los procesos que se han caído por insuficiencia de pruebas y otros escándalos que al parecer se han archivado, la Procuraduría General de la República sabe el reto que representa el presente caso.

Desde hace un tiempo se conocía la investigación a Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, por supuestos pagos irregulares de propiedades, pero se ignoraba la relación con el caso de Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y de Castillo, quien además de desempeñar la cartera de Obras Públicas fue candidato presidencial del PLD en 2020.