De no tratarse de un funcionario muchas de las estridentes denuncias de Roberto Santana sobre corrupción y sabotaje alrededor de la Procuraduría General de la República y el sistema penitenciario podrían pasar inadvertidas.
Pero su condición de director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria da relevancia a afirmaciones dignas de investigarse o desmentirse. Que deba hablar con pruebas son otros quinientos.
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Santana, quien se desempeñó o se desempeña como asesor del presidente Luis Abinader, denunció que la amenaza de muerte a la procuradora Miriam Germán del presunto narco Joel Ambioris Pimentel García (La J) fue un montaje de una supuesta mafia que opera en el organismo.
De esa manera desmiente a la propia funcionaria, quien confirmó la amenaza. Al decir todo lo que dijo se supone que Santana cuenta con elementos probatorios.