La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) presentó ante representantes de distintos sectores de la vida nacional la propuesta consensuada de modificación de la Ley núm. 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de modernizar el marco legal vigente y agilizar la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del país.

La iniciativa fue dada a conocer tras un amplio proceso de concertación, durante un encuentro con directivos de entidades empresariales y funcionarios públicos vinculados al sistema de APP. El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, quien explicó que la propuesta surge a partir de las lecciones aprendidas en casi seis años de aplicación del régimen.

“Una buena ley no solo debe proteger el interés público, sino también permitir que los proyectos se ejecuten en tiempos razonables, con reglas claras y con un Estado capaz de actuar con agilidad, sin perder control ni transparencia”, afirmó Lugo Risk.

El funcionario destacó que, aunque la Ley 47-20 representó un hito histórico al institucionalizar las alianzas público-privadas en la República Dominicana, la experiencia ha evidenciado que el marco actual resulta complejo y poco flexible, lo que ha retrasado la materialización de iniciativas con alto impacto social y económico.

“Existen proyectos que podrían estar transformando comunidades, generando empleo y mejorando servicios públicos, pero avanzan con lentitud, no por falta de calidad, sino por un marco normativo excesivamente rígido”, explicó.

La propuesta de modificación plantea, entre otros aspectos, la reducción de los plazos de estructuración y adjudicación, el fortalecimiento de la capacidad técnica de las instituciones públicas y la mejora de la bancabilidad y el atractivo financiero de los proyectos, con el fin de facilitar su ejecución oportuna y sostenible.

Entre los principales ejes de la reforma figuran la implementación de procedimientos más ágiles, diferenciados según la complejidad de cada proyecto; la creación de equipos técnicos APP dentro de las entidades ejecutoras; y el establecimiento de un Fondo Especializado para la estructuración de proyectos, destinado a financiar estudios de preinversión y acelerar el proceso desde la formulación hasta la licitación.

Asimismo, la iniciativa refuerza la gobernanza del sistema, mediante la formalización del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, y moderniza el régimen económico de las APP para facilitar el cierre financiero, incluyendo ajustes al tratamiento fiscal y al esquema de asignación de riesgos.

Lugo Risk subrayó que el anteproyecto no implica una flexibilización de los controles, sino la eliminación de trámites innecesarios. “La transparencia, la competencia, la rendición de cuentas y la protección del interés público se mantienen como principios fundamentales. Lo que se busca eliminar es aquello que retrasa los procesos sin aportar mayor valor al Estado”, concluyó.