Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró la nulidad de un proceso de compra realizado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) para la adquisición de lámparas LED y remitió el expediente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), tras documentar irregularidades graves en el procedimiento.

La decisión está contenida en la resolución RIC-0038-2026, mediante la cual el órgano rector anuló el proceso de compra menor núm. ASDE-DAF-CM-2025-0091, destinado a la “solicitud de compra de lámparas led de 150 watts para ser utilizadas en el alumbrado de los diferentes parques y avenidas del municipio ASDE”. La medida fue adoptada luego de un recurso jerárquico interpuesto por la empresa Dos García, S.R.L.

La DGCP estableció que, aunque la ficha técnica del procedimiento señalaba que la adjudicación debía realizarse tomando en cuenta la “calidad, durabilidad y menor precio ofertado”, el contrato fue otorgado a una empresa cuya propuesta económica superaba la presentada por la compañía recurrente.

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Asimismo, el órgano regulador verificó que no fueron cargados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) ni el informe de evaluación de las ofertas económicas ni otros documentos que evidenciaran el análisis de las propuestas recibidas, lo que constituye una violación al principio de transparencia y publicidad establecido en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La resolución también señala que el acta de adjudicación, con fecha 12 de agosto de 2025, fue emitida por la encargada del Departamento de Compras y Contrataciones del cabildo, pese a que el Reglamento 416-23 dispone que las compras menores por debajo de los umbrales deben ser competencia de la Dirección Administrativa y Financiera, previa autorización de la máxima autoridad institucional.

Además de haber sido dictada por un órgano considerado incompetente para ese procedimiento, el acta no deja constancia de actuaciones relacionadas con la evaluación de las ofertas para determinar la empresa adjudicataria.

El expediente fue remitido tanto a la PEPCA como a los entes y órganos de control del gasto público para los fines correspondientes, mientras el caso queda bajo investigación en el marco de las normativas que rigen la contratación pública en el país.