Editorial

Diálogo

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A la par con el gremio de los maestros, la Asociación Dominicana de Controladores   Aéreos  reclama aumento salarial de más del cien por ciento, petición imposible de  cumplir por  el Instituto  de Aviación Civil (IDAC), por lo que la sola amenaza de paralizar el tráfico aéreo constituye una expresión de irracionalidad e imprudencia que atenta contra la economía  nacional.

 Esa asociación exige un incremento salarial que en término absoluto oscila en una escala de 86 mil a 180 mil pesos mensuales para  un servicio técnico cuyo salario mínimo es de 74 mil pesos, lo que  supone una exageración, si se toma en cuenta que los ingresos públicos no alcanzan para tanto.

A los controladores aéreos les asiste derecho de  reclamar aumento salarial a partir de parámetros objetivos como  el referido al índice general de precios (IGP) o supeditado al mejor de los acercamientos entre lo ideal y lo posible, sin ignorar que sus funciones  son de orden público y altamente vinculadas con la seguridad nacional, por lo que las palabras paro o huelga deben ser   excluidas del léxico de ese sindicato.

Alienta saber que  el Instituto de Aviación Civil y  la Asociación de Controladores han  reasumido el camino de la negociación, por  vía de  una  carta de Ruta que incluye la voluntad   de acordar una adecuación salarial que  sea posible de aplicar, así como identificar las deficiencias técnicas en el sistema de navegación aérea, con fines de  que sean abordadas y resueltas.

Las autoridades del IDAC han elaborado una propuesta de reajuste salarial a favor de los controladores de tráfico aéreo y demás aéreas técnicas de la institución, lo que  significaría un buen motivo de arranque hacia el  conveniente estadio de racionalidad, responsabilidad y buen juicio.

El presidente Danilo Medina ha proclamado que el turismo constituye  el eje transversal del esquema de desarrollo que  ejecuta el Gobierno, por lo que un indeseado paro o interrupción  del tráfico aéreo afectaría muy severamente a la aviación comercial y a República Dominicana como destino turístico.

No se niega que los empleados de instituciones públicas y descentralizadas requieren de un reajuste salarial, pero es menester que asociaciones, gremios y sindicatos exhiban moderación  acorde con la angustiosa crisis  económica y el difícil entorno internacional, máxime si  como remedio a ese malestar financiero, el Gobierno se ha obligado a reducir el déficit  fiscal de 6.9% del PIB a 2.7%.

El Instituto de Aviación Civil y la Asociación Dominicana de Controladores  Aéreos tienen la oportunidad de, mediante el diálogo fructífero,  ofrecer a la sociedad dominicana la mejor lección de  cómo se resuelven los conflictos sin  incurrir en imprudencia e irracionalidad. Que así sea.

El Nacional

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