Sin menoscabo de la autoridad de la JCE se torna más que necesario un diálogo con los partidos políticos para bajar las tensiones surgidas con la regulación de la precampaña proselitista.

Tras un recurso elevado por el PLD y Fuerza del Pueblo contra su resolución la JCE aclaró que con la misma no se ha apartado ni un ápice de la ley 33-18 de partidos y movimientos políticos.

La oposición ha basado su rechazo en que la admonición sobre la precampaña fuera de los límites señalados es inconstitucional, lo que ha sido rechazado por el tribunal electoral.

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Los partidos saben que como árbitro del proceso no se puede minar la autoridad ni la confianza de la JCE con desafíos a sus decisiones.

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Pero antes que se pueda llegar a la aplicación de las sanciones que establece la ley frente a las violaciones es necesario que la JCE y los partidos exploren una vía para evitar una crisis innecesaria.