Porque el otro camino sería el de la confrontación, se asume como un paso positivo la decisión del Gobierno de aceptar retomar el diálogo con Haití para abordar temas migratorios, comerciales y de seguridad, que esta vez debería estar revestido de comprensión, solidaridad y garantía de respeto al ordenamiento institucional.

En el marco de la Cumbre Petrocaribe y con la mediación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario dominicano, Danilo Medina y su colega haitiano, Michel Martelly, acordaron retornar conversaciones para conciliar una agenda política, migratoria y económica que ayudaría a consolidar nexos y convivencias entre los inquilinos de la Hispaniola.

Aunque el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que niega nacionalidad dominicana a hijos de haitianos indocumentados nacidos aquí sería el tema principal en ese diálogo bilateral, restricciones unilaterales haitianas a las exportaciones dominicanas y el requerimiento de control fronterizo serían también puntos esenciales de esa agenda.

Se interpreta como un apreciable valor agregado el compromiso de Venezuela, Unión Europea y Caricom de acompañar a Santo Domingo y Puerto Príncipe en esa jornada dialogante, que supone normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, laceradas por el incumplimiento de Haití de un acuerdo que privilegiaba el diálogo en el impasse surgido por la referida sentencia.
Esa iniciativa detiene o despoja de utilidad la cruenta campaña de descrédito contra República Dominicana que hasta el día de la víspera se llevaba a cabo en el vecindario caribeño y en las capitales de grandes metrópolis, donde se presentaba al gentilicio nacional asociado a prácticas racistas o xenófobas.

El presidente Medina ha reiterado en Caracas, Venezuela, un planteamiento de principio que privilegia el diálogo como forma de abordar y resolver las diferencias que afloren con su vecino del oeste, al tiempo de reiterar el derecho del Estado dominicano a legislar sobre el alcance de la nacionalidad y control migratorio, siempre apegado a la Constitución y a las leyes, sin colisionar con normativas del derecho internacional.

En esta nueva ronda de diálogo, el Gobierno de Haití está compelido a recuperar la confianza extraviada y convertirse en un socio confiable que respete lo acordado, sin agenda oculta o sorpresas desagradables, como ha ocurrido en el pasado reciente.

Esta vez se requiere una mayor participación de los equipos técnicos de la Cancillería y de las instituciones oficiales relacionadas con migración, comercio y aplicación de la normativa legal, de forma que ningún funcionario público se arrogue prerrogativas ajenas o liderazgo excesivo. El interés nacional va primero.