Otros dos préstamos por US$274.2 millones suscrito por el Poder Ejecutivo el pasado 16 de enero de este año figuran en la agenda de hoy de la sesión de la Cámara de Diputados. Fueron depositados en la Cámara Baja el pasado 2 de este mes.
El primero de estos empréstitos está marcado con el No.9452-DO, depositado el pasado 2 de marzo de este año. Se firmó con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de doscientos treinta millones de dólares (US$230,000,000.00).
De acuerdo a la documentación enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, los recursos provenientes de este préstamo serían para el apoyo presupuestario referente al Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) con Opción de Desembolso Diferido para Catástrofes de la República Dominicana.
Mientras el otro préstamo es el No.5678/OC-DR, suscrito el 16 de enero de 2023, entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta cuarenta y cuatro millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD$44,200,000.00),
Los recursos serían para la ejecución del Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo.
En la agenda de la Cámara de Diputados de hoy también el proyecto de reforma del Código Penal aprobado ya en dos lecturas en el Senado.
El Senado de la República aprobó el pasado martes dos nuevos contratos de préstamos por un valor de 160 millones de dólares.
El primer préstamo por 60 millones de dólares fue suscrito el 20 de abril de 2022, entre la República dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser utilizados en el financiamiento del programa de apoyo a la agenda de transparencia e integridad en República Dominicana.
Otro fue suscrito el 15 de noviembre de 2022, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$100,000,000.00) y sería para el financiamiento del programa de apoyo a la consolidación de un sistema de protección social inclusivo en el país.
