Santo Domingo.- Abogados y directivos de la sociedad Costa Dorada, propietaria de un inmueble de más de 6 millones 300 mil metros cuadrados de una zona playera de Baní, Peravia, temen que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conozca el juicio de fondo en contra dos de los imputados del fraude, sin esperar los resultados de un recurso incoado por ante la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La empresarios habían recurrido por ante el tribunal de alzada una decisión dada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que les excluyó “injustamente” del proceso, no obstante haber sido reconocidos por el mismo tribunal, como los reales dueños de las acciones de la citada empresa, por consiguiente, las víctimas del fraude.
Señalaron que han pasado más de cinco años desde que se constituyeron en querellantes contra de los señores Rafael Olegario helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez, y la sociedad Global Multibusiness Corporation y aún siguen luchando para que los tribunales les reconozcan sus derechos.
Explicaron que en el proceso han sido cambiados más de cinco fiscales, lo que llama a suspicacia, teniendo sus abogados que iniciar sus réplicas desde cero con los nuevos representantes del Ministerio Público, para esperar que el órgano acusador solicitara medidas de coerción no proporcional a los hechos imputados.
Los abogados de las víctimas aducen que demostraron hasta la saciedad que sus clientes son los accionistas reales y legítimos de Costa Dorada, a través de sus empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Company, Ltd.
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Los litigantes sostuvieron que tienen el libro de las acciones originales, la posesión del inmueble, el certificado de título de propiedad inmueble, los recibos y formularios de pago de impuestos de la sociedad por décadas, el testimonio de personas que afirman no haber vendido sus acciones a quienes pretenden hoy ser dueñas de las mismas y así apropiarse del inmueble, entre otras pruebas más.
“Por otra parte, aquellos que pretenden ser los actuales propietarios de las acciones de Costa Dorada desprenden sus supuestos derechos de dos contratos concertados con Luis Américo Minervino Ducoudray, contratos que fueron suscritos el 20 de febrero del 2014, mientras que Minervino, de acuerdo con acta de defunción emitido por la Junta Central, falleció el 2 de febrero del 2010, es decir, 4 años antes”, señalaron.
Según la documentación en este fraude hubo todo tipo de delitos: falsificaciones de firmas de personas fallecidas, falsificaciones de firmas de notarios, uso de nombres y cédulas de personas para colocarlas como supuestos accionistas, creación de historial societario ficticio, entre otras infracciones.
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Las familias expresaron preocupación y frustración por sentirse excluidos de un proceso por una alegada incorrecta interpretación del concepto de víctima de parte del juez de la instrucción y que sienten temor de que la decisión de la apelación llegue tarde, es decir, después que sea celebrado el juicio de los imputados, sin la presencia de los verdaderos accionistas, en base a una acusación débil de parte del Ministerio Público.
