El presidente Luis Abinader dijo ayer que la seguridad jurídica en el país está garantizada y advirtió que el Ministerio Público está muy activo investigando los casos de fraude.

“El Ministerio Público, que tiene que tomar nota en cuanto a ese tipo de estafas, ha estado trabajando e incluso tuvo una operación recientemente en ese sentido”, precisó en la rueda de prensa La Semanal, que realiza cada lunes en el Palacio Nacional.

Al responder a una pregunta periodística sobre el escándalo de fraude denunciado por empresarios, que afecta más de 6,3 millones de metros cuadrados de costa en Baní.

Abinader anunció que en los próximos días invitará a la prensa a la inauguración de un moderno edificio del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).
La seguridad jurídica queda demostrada, con las inversiones que se realizaron en el país el año pasado de alrededor de US$ 4,100 millones, con expectativas a superar ese récord en 2023.

Manifestó que, en todas las partes del mundo, en la era digital, se están dando este tipo de casos.
“Y nosotros estamos reaccionando”, precisó.

El jefe de Estado se refiere a la actuación del Ministerio Público y la Policía, que desarticularon, en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), una amplia red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos, incluyendo actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros.

El jefe de Estado dijo que el Ministerio Público ha estado trabajando contra fraudes e incluso tuvo una operación recientemente.

El mandatario se refirió a la Operación Colibrí, puesta en marcha por el Ministerio Público contra personas que lesionaron el sistema del Registro Civil del país.

En las acciones movilizaron a 20 fiscales y más de 200 agentes policiales que realizaron 18 allanamientos en los que se arrestó a más de una docena de personas, incluyendo a dos empleados de la JCE.

Mientras que las familias Mayol y Serrano, afectadas por un entramado que se apropió fraudulentamente de las acciones de su compañía Costa Dorada y, con ello de un terreno costero en Baní de más de 6,3 millones de metros cuadrados, ha denunciado a través de sus abogados del tedioso y largo proceso en la justicia, entorpecido por la defensa de los imputados. En el caso de los Mayol, desde hace más de un siglo mantienen actividades industriales a través de sus empresas Hilari Mayol, Mayol & Co., Plásticos del Caribe.
Incautaciones

En los últimos tres años los decomisos del microtráfico ascienden a 21,519,405.98 gramos (21.5 toneladas). En detalle, 38,285.23 gramos fueron de hachís; 2,605,587.45 de cocaína, 18,727,3370.7 de marihuana, 146,781.33 de crack, 1,414.90 de heroína y en menor medida el éxtasis.

Dijo que en los tres años de gobierno las incautaciones fueron de 316 inmuebles, por un valor aproximado de 3 mil millones de pesos, además más de 10 millones de dólares y más de 131 millones de pesos en efectivo, mientras el valor en prendas sobrepasa los 141 millones de pesos.
Presos
En este renglón, la cifra es de 84,803, de los cuales, el 92% son nacionales y el 8% extranjeros. En tanto, 182 personas fueron extraditadas.

En este sentido, el presidente apuntó que “República Dominicana pasó de la posición 10 a la 3 en el ranking mundial sobre extraditados por narcotráfico”, siendo la fuente de esta información, el servicio de Marshall de los Estados Unidos.