A propósito de que en el gasto fiscal del Estado están incluidas las exenciones y exoneraciones que otorga a inversionistas y emprendedores por sus iniciativas desarrollistas, se me ocurre pensar que “la cesantía laboral” debería considerarse un renglón más dentro de ese rubro.

Esto así, por el hecho de que los fondos para pagarla provienen de la exención del impuesto sobre la renta (ISR), a los empleadores, lo cual significa que el Estado, en procura de favorecer a la clase trabajadora renuncia al ingreso que debería recibir.

Esa percepción es una de las razones que sustentan el reclamo de los gremios, en cuanto a que no se toque la cesantía laboral.

Los empleadores proponen que se le ponga un tope máximo, además, piden aumentar de 3 a 6 meses el periodo de tiempo en el empleo, para tener derecho a recibir prestaciones.
En virtud de lo antes señalado, los empleadores y empleados no han podido arribar a un punto de entendimiento que, haga posible actualizar del Código de Trabajo de la República Dominicana.

Como se puede entender, la situación amerita un arbitraje que, amparado en la pertinencia jurídica y legal, decida implementar la fórmula que permita destrabar la discusión.

Dado que, la naturaleza del tema involucra más de una institución del Estado, su complejidad aumenta. En ese sentido, considero que entre ambos sectores (empleadores y empleados), el más vulnerable económicamente hablando lo constituye el de los trabajadores; por lo tanto, la decisión justa y sabia debería ser: no tocar la cesantía laboral.