La secretaria de Estado Hillary Clinton ha exhortado al Gobierno a identificar mecanismos para resolver los temas pendientes de residencia y ciudadanía de los inmigrantes haitianos, una no disimulada intromisión que refleja el grado de desconocimiento o distorsión con el que Estados Unidos maneja un asunto delicado íntimamente relacionado con la soberanía nacional.

Aunque reconoce el derecho de un Estado de promulgar leyes para salvaguardar sus fronteras y nacionalidades, la canciller estadounidense se refiere a la obligación de las autoridades dominicanas de proteger los derechos humanos de los inmigrantes, en especial de aquellos que han estado aquí desde su nacimiento y que han vivido aquí toda su vida.

La influyente funcionaria, que vino a Santo Domingo por ocho horas para participar en la apertura de la IV Reunión de la Iniciativa Camino a la Prosperidad de Las Américas, dijo que el debate sobre los inmigrantes haitianos se ha distorsionado y se despoja de sus derechos a ciudadanos naturalizados dominicanos.

No hay dudas de que en la opinión o exigencia planteada por la doctora Clinton aflora prejuicio, que no pudo ocultarse con las expresiones diplomáticas relacionadas con los derechos del Gobierno dominicano a proteger su frontera y su nacionalidad.

La verdad es que la legislación dominicana establece con toda claridad y mayor apego al derecho internacional la forma de afrontar la inmigración ilegal, especialmente la que se produce sin control desde Haití, por lo que la aplicación de la ley no constituye violación a los derechos de los inmigrantes.

La primera información en la edición de la fecha del periódico español El País, refiere al acoso de los inmigrantes sin papeles en Estados Unidos, con legislaciones en cuatro estados de la Unión Americana que consideran como un delito penal que indocumentados circulen por las calles y prohíben el ingreso a las escuelas de niños sin papeles migratorios.

El número de inmigrantes detenidos en Estados Unidos aumentó en un 25 por ciento y el de los expulsados superó los 400 mil y se estima que más de un millón de indocumentados ha sido retornado a sus países, durante la gestión del presidente Obama. ¿Por qué la señora Clinton pretende negar derecho a las autoridades dominicanas a actuar de la misma manera frente a la creciente inmigración ilegal?

Puede decirse que los inmigrantes haitianos reciben en República Dominicana mejor trato que el dispensado a indocumentados en Alabama y otros estados americanos donde se aplican legislaciones de tinte racista. Los dominicanos están compelidos a rechazar la doble moral exhibida por la secretaria de Estado, al denunciar maltratos que aquí no se producen y ocultar políticas anti inmigratorias que sí se aplican en Estados Unidos.