El Gobierno ha presentado un nuevo plan de gestión del tránsito en el Gran Santo Domingo que incluye cambios de horario para servidores del sector público y educativo, así como prohibiciones de giro a la izquierda y sincronización semafórica, con lo que se espera reducir los taponamientos en principales vías.

Se trata de la iniciativa promovida por el Gabinete de Transporte, aunque sin garantía de que se alcanzaría la meta de organizar un sistema vial en el que confluyen más de tres millones de desplazamientos vehiculares, incluidos cien mil en los corredores de la ciudad.

El cambio de horario de entrada y salida de empleados públicos, alumnos y profesores evitaría que coincidan en la vía pública de miles de usuarios o demandantes del servicio de transporte, en tanto que la sincronización semafórica y la veda a girar a la izquierda en principales corredores ayudarían a agilizar el tránsito vehicular.

Falta saber si el Instituto de Tránsito y Transporte (Intrant) tendría capacidad técnica para sincronizar los semáforos, lo que no logró meses atrás cuando una empresa privada provocó “un apagón semafórico”, por razones contractuales, como también, si el Ministerio de Administración Pública podrá garantizar efectividad en la división horarios laborales y docentes.

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El caos del tránsito en el Gran Santo Domingo parece tener su nudo gordiano en los descomunales taponamientos que se producen en corredores y avenidas en horarios de 8:00 a 9:00 de la mañana, para ingresar al Distrito Nacional, y de 4:00 a 7:00 de la tarde, en el retorno a municipios de la provincia Santo Domingo.

Sería aconsejable que en ese plan de gestión del tránsito se incluya un programa de educación vial dirigido a motociclistas, choferes, conductores de vehículos livianos y pesados y transeúntes, al tiempo que se aplique de forma efectiva y generalizada la ley contra violadores de las normativas viales.

Ningún programa de la envergadura tendría el éxito deseado sin que se instituya un sistema de transporte colectivo efectivo dotado de unidades modernas, operado por personal entrenado y respetuoso de la ley, rescate de las aceras y otros espacios públicos y el retiro de circulación de vehículos chatarras.

Es obvio que ese programa de gestión de tránsito debe contar con el respaldo de sindicatos, asociaciones y empresas del transporte, como de una colectividad que sufre cada día los efectos del desorden vial, por lo que esta vez no puede renovarse el fracaso ni la frustración.