La muerte de María Cristina Díaz viuda Díaz, cariñosamente Doña Chana, ocurrida ayer en la madrugada a los 88 años de edad, representa la desaparición de uno de los últimos símbolos vivientes de la conjura que culminó el 30 de mayo de 1961 con la eliminación del tirano Rafael Trujillo.

Era la viuda del general Juan Tomás Díaz, uno de los participantes en la muerte del dictador. Sufrió cárcel, torturas y un fuerte asedio de los remanentes de Trujillo, pero siempre con su dignidad en alto, porque era una mujer de mucho valor. Con su tenacidad contribuyó a mantener viva la memoria de los héroes del 30 de mayo.

Paz a sus restos y consuelo para sus familiares y relacionados.

Caso omiso

Son múltiples las evidencias que testimonian que el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) no ha jugado el papel que le corresponde para evitar y perseguir irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Con su denuncia de que el organismo ha engavetado auditorías que revelan anomalías en diferentes entidades, la Cámara de Cuentas no ha hecho más que confirmar una verdad irritante.

Al rendir cuentas el 27 de febrero con motivo del Día de la Independencia, el presidente Leonel Fernández instó al Ministerio Público, del cual el DPCA es una dependencia, a actuar contra los funcionarios que cometan actos de corrupción. Sin embargo, la excusa del director del Departamento, Hotoniel Bonilla, fue que carecía de los recursos necesarios para cumplir su cometido.

Pero ahora que la Cámara de Cuentas le ha enrostrado una dejadez que para otros es complicidad, el funcionario alega que cumple con su labor de prevenir y perseguir la corrupción administrativa. Que se sepa, todavía el DPCA no ha recibido los fondos que dijo necesitar para realizar su responsable labor ni hay constancia al respecto.

Lo que en realidad ha pasado con el DPCA es que se ha convertido en un ente político, que actúa con presteza cuando se trata de opositores, pero que se hace de la vista gorda cuando los escándalos atañen al oficialismo.

Al entregar al Congreso el informe sobre la ejecución presupuestaria de 2010, la Cámara de Cuentas se quejó de que el departamento de la Procuraduría General de la República no ha procedido contra los responsables de irregularidades en la administración de recursos públicos.

Citó la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS-Semma), la Liga Municipal Dominicana (LMD) y Alcaldías, a los que atribuyó, entre otras irregularidades, inobservancia de las leyes, emisión de cheques sin soportes, falta de una contabilidad organizada, violación de las normas de función pública, compras y contrataciones del Estado.

El director del DPCA ha optado por contradecirse antes que admitir la ineficacia que le atribuyó la Cámara de Cuentas y que percibe la opinión pública. Salvo en los casos de opositores, en los que por falta de pruebas no tuvo mucho éxito, el organismo ha sido tímido con los escándalos de corrupción que han sacudido al Gobierno. Más por intereses políticos que por incapacidad.