Residentes en el Gran Santo Domingo han sido desalojados o impedidos de usar los espacios públicos, incluidos vías peatonales, áreas verdes, parques y hasta calles y avenidas, lo que ha convertido a la capital y ciudades adyacentes en irrespirables asentamientos donde cada quien se cree con derecho de conculcar para su provecho zonas de usufructo colectivo.

Literalmente la gente no puede caminar por las aceras porque están invadidas por improvisados tarantines, ni transitar por vías públicas porque son ocupadas por talleres de mecánica, usadas como depósitos de materiales de construcción o convertidas en mercados de pulgas.

La serie de reportajes publicada por El Nacional sobre degradación de los espacios públicos ha desnudado un drama ciudadano que se padece también en muchos otros municipios donde el interés particular se adueña de las áreas destinadas al libre tránsito o al bien común.

Durante los últimos 30 años las autoridades han realizado esfuerzos dispersos o disgregados por recuperar o despejar áreas públicas como las aceras y calles de avenidas del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y del Centro Histórico de Santiago.

Pero la ocupación de esos espacios vitales ha sido más acelerada y extendida que los programas de recuperación, al punto que hasta los parques y áreas verdes de residenciales han sido enajenados por particulares, calles virtualmente bloqueadas o cerradas y aceras ocupadas para la instalación de negocios que incluyen bares y restaurantes.

Constituye una verdadera odisea transitar a pie o en vehículos por aceras, calles y avenidas repletas de tarantines, chatarras, talleres o convertidas en mercados o tiendas de abarrotes.

Las autoridades de las alcaldías, Ministerio de Obras Públicas y Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) han sido negligentes o indiferentes ante tan serio problema, cuyo abordaje y solución definitiva debería ser reclamado por toda la ciudadanía.