El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtió hoy que, conforme al artículo 3 de la Constitución de la República, la medida que cede a Estados Unidos espacios restringidos de las instalaciones de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional las Américas compromete la soberanía dominicana.

Aseguró que esa concesión para que Estados Unidos opere naves aéreas militares en espacios restringidos de aeropuertos dominicanos «resulta comprometedora» para la nación.

Consideró que las acciones contra el narcotráfico en el territorio dominicano deben ser dirigidas solo por las autoridades dominicanas.

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Precisó que la Carta Magna prohíbe que «ninguno de los poderes públicos puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen».

Hablando en rueda de prensa, recordó que el artículo 3 de la Constitución, declara que “la soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable”.

Habló acompañado de los dirigentes del Instituto Duartiano Santiago Trinidad, Víctor Zabala, Jacinto Pichardo, Eduardo Gautreau, y Junior Torres.

Sostuvo que, si bien el país tiene un convenio suscrito con los Estados Unidos en 1995, ampliado en 2003, en relación con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, es ineludible que estos instrumentos jurídicos supeditan su aplicación al estricto cumplimiento del orden legal y constitucional de cada Estado. Indicó que “además de tomar en cuenta el interés nacional”.

Advirtió dijo que a pesar de que el Instituto Duartiano comprende la necesidad de que las naciones realicen esfuerzos conjuntos para enfrentar y frenar el crimen organizado transnacional, «no se justifica» que las autoridades obvien los alcances del artículo 3 de la Constitución dominicana.

Solo al narcotráfico

Recordó que el principio de la no intervención está consagrado como una «norma invariable de la política internacional dominicana».

Dijo que, en consecuencia, la medida gubernamental se «aproxima un tanto a las que se reservan al estado de excepción» que se trata en el artículo 262 de la norma suprema.

Dijo esperar que el Estado dominicano garantice que no se desvirtúe el propósito anunciado, y que las acciones se restrinjan a enfrentar el crimen organizado en el plano aéreo y marítimo.

Los antecedentes

La semana pasada, el gobierno dominicano autorizó de manera temporal el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas a Estados Unidos, informó el presidente Luis Abinader, tras una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en el Palacio Nacional.