En apenas horas precedidas de una profunda labor de inteligencia que permitió reunir informaciones precisas para dar en el blanco y no cometer errores, la Procuraduría General de la República dirigió lo que se considera el mayor golpe dado en las últimas décadas al crimen organizado que movía en el país multimillonarios recursos a través del narcotráfico y el lavado de dinero.
Esta acción permitió desarticular una vasta organización criminal que incluía como frentes de encubrimiento, discotecas, clubes nocturnos, bares y otros establecimientos, además de apresar a algunos de sus operadores, mientras persigue al principal cabecilla, César Emilio Peralta, “César el Abusador”. También son investigadas algunas figuras del deporte ya retiradas.En colaboración con la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) y el apoyo logístico de la DEA de Estados Unidos, organismos que de forma estratégica seguían las operaciones ilícitas y todas sus ramificaciones, la Procuraduría articuló un plan de acción para desmembrar una amplia organización mafiosa que cubría sus actos ilícitos con la pantalla de establecimientos de apariencia normal y legítima.
Expertos en seguridad explicaron que para evitar cualquier improvisación que pueda poner en peligro la efectividad de la operación, las autoridades hacen previamente un pormenorizado levantamiento de información que permita, como se hizo el mismo día de los allanamientos, tener un cuadro completo del entramado criminal.
Ese dato fue reforzado por el canciller Miguel Vargas Maldonado, quien dijo que en la operación destinada a “erradicar estas bandas de delincuentes en materia de narcotráfico”, se venía trabajando desde hace mucho tiempo y que era una de las tareas que él venía impulsando en el Consejo de Seguridad en las Naciones y en organismos multilaterales”.
Al apoyar y defender la actuación de la Procuraduría, el canciller explicó que por la naturaleza y envergadura de este tipo de estructuras criminales, las autoridades proceden adecuadamente al cuidarse de sólo actuar, como ha hecho la Procuraduría, cuando pudo reunir pruebas suficientes y bien documentadas.
Con la ayuda logística facilitada por la DEA y seguimiento caso por caso de la estructura financiera que se movía en los locales allanados, la Procuraduría pudo de esta manera llegar hasta cada uno de los testaferros y por esta vía conocer las conexiones con los cabecillas de la red mafiosa.
Al anunciar detalles del operativo, realizado de forma coordinada en distintos locales que permanecen bajo el control militar, Jean Alan Rodríguez afirmó que a través “del operativo más grande en la historia de la Procuraduría General de la República fue desmantelada una de las redes de narcóticos más influyentes de la región del Caribe, Estados Unidos y República Dominicana.
En el operativo participó un equipo multidisciplinario compuesto por más de 700 personas, 50 fiscales de carrera auxiliados por 150 servidores de apoyo y más de 500 agentes de la DNCD y efectivos militares.
Expertos en seguridad indicaron que si bien no es la primera oportunidad en que autoridades dominicanas obtienen asistencia para combatir el crimen, la forma en que se realizaron más de 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Santiago y La Romana, sienta las bases para profundizar la colaboración multinacional frente al narcotráfico y el lavado de activos.
Mientras se profundizan las investigaciones para detectar otros métodos utilizados en las operaciones de narcotráfico y lavado, las autoridades han tomado adicionalmente otras medidas que incluyen alertas a inspectores de migración ante la posibilidad de que los prófugos usen pasaportes y visas para tratar de huir.
El duro revés sufrido por el crimen organizado y sus diferentes modalidades operativas ha puesto de manifiesto el compromiso de la Procuraduría, el Gobierno y las autoridades en general de combatir frontalmente al crimen como un flagelo que afecta el desarrollo sano, armonioso y seguro de la sociedad.
